En México, pocas expresiones son tan electoral y políticamente rentables, pero jurídicamente mal comprendidas como estas: “hay que hacer juicio político al gobernador” o “debe desaparecer poderes en el estado”. Cada crisis de inseguridad, escándalo de corrupción, confrontación con el poder federal o episodio de violencia extrema reactiva el mismo libreto: legisladores exigen la caída del Ejecutivo local, actores partidistas invocan la Constitución como si fuera una palanca inmediata de remoción y la opinión pública asume que existe un mecanismo rápido para destituir a un mandatario estatal.

La realidad constitucional mexicana, sin embargo, es mucho más áspera y menos espectacular. Quitar a un gobernador en México es extraordinariamente difícil. No porque no existan mecanismos legales, sino porque el sistema federal fue diseñado para impedir que coyunturas políticas, mayorías accidentales o pulsiones centralistas derriben gobiernos estatales con facilidad.

Pero, vayamos por partes. La conformación del sistema político y de gobierno en México puede entenderse desde una doble dimensión: la jurídico-constitucional (cómo está diseñado formalmente el poder conforme a la Constitución) y la político-material (cómo realmente operan las relaciones de poder, partidos, grupos de interés, federalismo, élites y ciudadanía). Ambas dimensiones no siempre coinciden.

El sistema político mexicano es el conjunto de instituciones, normas, actores, relaciones de poder, mecanismos electorales y prácticas políticas mediante las cuales se ejerce el poder público, se distribuye la autoridad y se toman decisiones obligatorias para la sociedad.

Desde el punto de vista constitucional, México es una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación.

Ello se encuentra establecido en la Constitución Política de los........

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