Antonio Ledezma: Cuando no hay parte de buena fe |
“La tragedia venezolana no es únicamente económica o social; es, ante todo, institucional. Sin autonomía en los poderes públicos no hay República posible. Y sin República, la ley no es más que una herramienta al servicio de quienes la manipulan”.
La existencia de un Estado de Derecho descansa sobre un principio esencial: la autonomía real de los poderes públicos. Sin esa independencia, el sistema institucional se degrada hasta convertirse en una maquinaria de dominación, donde la ley deja de ser garantía para transformarse en instrumento de persecución. Venezuela es hoy un caso paradigmático de esa deriva.
Como advertía Montesquieu, “todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos”. La separación de poderes no es, por tanto, una formalidad organizativa, sino una condición de la libertad política.
El llamado Poder Ciudadano —integrado por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General— fue concebido en la Constitución de 1999 como un sistema de equilibrio ético, encargado de prevenir, investigar y sancionar los abusos del poder. Su razón de ser era proteger al ciudadano frente al Estado. Sin embargo, lo que debía ser un muro de contención se convirtió, con el paso del tiempo, en un engranaje funcional al........