Hay dos maneras de resolver un conflicto. Una consiste en tomarse la justicia por la propia mano. La otra, bastante más civilizada, en aceptar que un tercero independiente decida quién tiene razón conforme a unas reglas conocidas de antemano.

Entre ambas posibilidades se levantó el Estado de Derecho.

Los romanos distinguían entre auctoritas y potestas. La segunda es el poder que permite mandar y hacer cumplir lo decidido. La primera no se impone: se merece. Nace del prestigio, del conocimiento y de la confianza.

Un juez dispone de potestas porque la ley le confiere jurisdicción. Pero necesita auctoritas para que la sociedad acepte sus decisiones incluso cuando no las comparte. Ahí empieza el problema cuando, en lugar de cuestionarse la decisión, se cuestiona a quien la dicta.

Los jueces han profesionalizado la solución de los conflictos para evitar que cada ciudadano imponga su propia justicia. Sus resoluciones pueden discutirse, recurrirse y criticarse. Para eso están las leyes, los recursos y, en último término, otros tribunales.

Lo que resulta bastante más peligroso es sustituir la discrepancia jurídica por la sospecha política.

Una resolución judicial puede ser discutida, incluso con dureza. Pero una cosa es combatir sus argumentos y otra convertir la crítica en cuestionamiento de quien los firma. La primera pertenece al debate democrático; la segunda........

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