Sobre quien tiene el mango de la sartén |
Archivo - El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. / Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo
El Gobierno de Mariano Rajoy decidió, allá por el año 2015, privatizar la gestión de AENA, el gestor de una red nacional de aeropuertos hechos con el dinero de los impuestos de los españoles. Si hubieran vendido toda la compañía habrían perdido los aeropuertos canarios, que son de los más rentables para el negocio aeroportuario. El Estatuto de Autonomía establecía que si el Estado dejaba de controlar los aeropuertos de las islas, estos pasarían automáticamente a depender del Gobierno canario. Pero hecha la ley, hecha la trampa. En vez de vender todo el capital cedieron solo el 49% con lo que se mantuvo la ficción jurídica de que los aeropuertos siguen en manos públicas ya que la empresa ENAIRE, con el 51% del capital de AENA, es quien nombra al director de la compañía y controla el consejo.
En realidad la gestión sí es privada. Se nota porque AENA ha dejado de perder dinero a espuertas y se ha convertido en una de las empresas más rentables del país. Ya no es un echadero de exministros y políticos jubilados e incompetentes, sino una máquina de facturar donde algunos grupos privados –¿quién dijo Baleares?– tienen un enorme peso decisorio.
El responsable de la compañía, Maurici Lucena, anda cabreado como un simio con pulgas, porque los políticos quieren meter la cuchara en su empresa. Es curioso, porque Lucena, en tanto que su nombramiento depende del Gobierno, es un cargo político. Pero se le entiende. Donde quiera que la política actual pone sus zarpas siempre termina enfangándolo todo. Por eso defiende el sagrado derecho de la propiedad privada y los intereses de sus accionistas.
No seré yo el que ataque la propiedad privada, que es la base sobre la que se desarrollan las sociedades prósperas, pero no sé si se puede hablar de eso en el caso de AENA. Los aeropuertos que gestiona fueron hechos con inversiones públicas. Los accionistas privados aceptaron entrar en minoría en una empresa que sigue siendo mayoritariamente del Estado. Así que no se puede lesionar un derecho que no existe. Si el Gobierno decide cambiar el marco legal que afecta a la gestión de los aeropuertos o decide ceder a las autonomías parte de su participación en AENA o simplemente da entrada en el Consejo a una nueva representación, puede hacerlo.
Pero Lucena sabe, seguramente, que todo lo anterior es palabrería. Que no se puede estar en misa y repicando. Y que si el País Vasco o Canarias o Baleares se le meten dentro de la estructura de gestión de AENA se le va a montar un Cristo. Porque las autonomías querrán menores tasas e impuestos y más inversión y la empresa querrá maximizar sus beneficios. Dos intereses contrapuestos que reman en distinta dirección garantizan que la barca no se mueva.
El problema es que el Gobierno Vasco ha logrado un acuerdo con Moncloa cuyo texto íntegro aún se desconoce. Un acuerdo que, según la versión del lehendakari Pradales, permitirá participar en la gestión de AENA en los aeropuertos de su comunidad y en materias tan relevantes como la fijación de tasas o la distribución de inversiones. Así que la guerra de Maurici Lucena no es contra el intento de colarle en su empresa a las autonomías, sino que más parece una guerra para impedir el contagio de la solución vasca a otros territorios. Y es por ahí por donde su posición cojea.
Si se verifica la existencia de una cogestión, bien en el documento firmado por los inquilinos de Moncloa y Ajuria Enea, bien en la gestión diaria –si han sido tan listos como para no plasmarlo en un acuerdo escrito–, la presión de otras comunidades autónomas va a ser imparable. Cataluña, Canarias o Baleares, están esperando, con los colmillos por fuera, la menor prueba de que ese acuerdo existe. Y el mundo se ha vuelto un lugar muy pequeño. Si los vascos reciben un «tratamiento especial» aeroportuario, tarde o temprano acabará cantando por soleares.
Coincido con Lucena en que para que una empresa funcione, la influencia tóxica de lo público –con sus enchufes, prebendas e incompetencias– debe estar lo más lejos posible. Pero si ya le han metido el supositorio vasco, puede darse por jodido. Hay millones de razones muy poderosas para que Canarias gestione sus aeropuertos. Y le caerán encima, tarde o temprano.
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