Bajas emisiones |
Cartel de una zona de bajas emisiones / AMB
El Gobierno español ha amenazado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con hacerle devolver diez millones de euros en fondos europeos si no aprueba antes del 26 de junio la ordenanza de la zona de bajas emisiones. No se trata únicamente de un conflicto administrativo. Es también un ejemplo de cómo determinadas políticas públicas se aplican sin atender a la realidad territorial que se supone se pretende mejorar.
Conviene recordar entonces una obviedad que a veces parece que nadie quiere recordar: Santa Cruz de Tenerife –como la totalidad de las grandes ciudades de las islas– no sufre desde hace años –desde que se cerró el refino de petróleo– episodios graves o recurrentes de contaminación atmosférica. No es que eso lo digan sus gobernantes, es que lo aseguran los datos de medición de que se dispone y lo reconocen incluso organizaciones ecologistas. La capital tinerfeña se beneficia de una circunstancia climática singular, los vientos alisios, que renuevan de forma constante el aire y mantienen niveles de calidad muy superiores a los de la mayoría de las grandes ciudades españolas. Por eso, aplicar aquí los mismos métodos y el mismo esquema de restricciones que funcionan en Madrid o Barcelona es, como mínimo, discutible.
Si el objetivo último de las........