El dilema de cerrar o transformar las empresas públicas

Las elecciones del 17 de agosto dieron al próximo gobierno el mandato de desmontar el aparato jurídico, político y financiero que sostiene al modelo económico que nos condujo a la peor crisis del siglo. Aunque este objetivo tiene muchos componentes, una de las tareas urgentes es definir el destino de las empresas públicas.


El modelo del MAS se fundó sobre cuatro promesas: recuperar la soberanía económica, industrializar el país, dinamizar la demanda interna y redistribuir los excedentes para reducir la pobreza. Para cumplirlas, el gobierno decidió desplazar al sector privado creando empresas públicas en todos los sectores e imponiendo monopolio, privilegios y respaldo financiero ilimitado. La expectativa era que generaran utilidades suficientes para garantizar la subvención de los programas sociales.


La realidad fue muy distinta. Según investigaciones de Julio Linares, Milenio, del Centro de Estudios Populi, y del diputado Aldo Terrazas, desde 2006 se crearon 56 empresas que hoy son administradas por el gobierno central, al margen de las estratégicas como YPFB, ENDE, Entel y Comibol.


Entregadas a militantes del partido, abarcaron áreas como transporte aéreo, administración de puertos, banca, seguros, pensiones, supermercados, imprenta, servicios portuarios, minería, energía, comercialización de carburantes, producción de alimentos, industria azucarera, ensamblaje de computadoras, textiles, producción de papel, cartón, cemento, hormigón, ladrillos, química básica,........

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