Me encuentro analizando nuevamente esta problemática. Y la expresión “si me formalizo, no gano más… pero sí pago más” puede condensar el razonar de la mayoría de los emprendedores bolivianos que hoy son invisibles, pero están en medio de nosotros.

Dejando de lado los funcionarios públicos, nuestro país tiene menos de 10% de empleo formal. Por tanto, no estamos hablando de un fenómeno marginal, sino del corazón mismo de nuestra economía. Para bien o para mal, la informalidad es una decisión económica racional; y, para combatirla debemos comprender ese razonamiento.

Durante años hemos insistido en verla como un problema que debe erradicarse, y sin duda lo es. Desafortunadamente, permite generar ingresos donde el sector formal no ha sido facilitado de alcanzar. Es, en cierto sentido, una válvula de escape frente a las limitaciones estructurales de nuestro sistema económico. 

El problema aparece cuando esa válvula deja de ser transitoria y se convierte en permanente. Cuando la informalidad deja de ser una etapa y pasa a ser un destino o una maldición, emergen costos profundos. Menor productividad, falta de acceso a financiamiento y ausencia de protección social son solo algunas de sus consecuencias. A esto se suma un Estado que recauda menos y, por tanto, provee peores bienes públicos.

El diagnóstico tradicional suele fallar en un punto clave: se asume que la informalidad existe porque es fácil ser informal. Por eso se apuesta por más controles o trámites simplificados esperando que las empresas se formalicen. Pero la evidencia empírica muestra que, para muchas unidades productivas, la formalidad simplemente no es rentable. No mejora sus ventas, ni su acceso a crédito, ni sus perspectivas de crecimiento.

Por tanto, surge una pregunta más relevante: ¿por qué alguien querría dejar de ser informal? La respuesta exige reconocer que no toda la informalidad es igual. Existe un grupo de empresas que nunca se registran, y otro grupo donde firmas formales operan parcialmente en la informalidad. Hay una fuerte heterogeneidad: algunas empresas son demasiado improductivas para formalizarse, otras eligen no hacerlo, y unas pocas quedan atrapadas en la maraña de la burocracia.

Este mosaico revela que la informalidad no es un problema único, sino un fenómeno complejo. Para muchos trabajadores, especialmente mujeres con responsabilidades familiares, el sector informal ofrece flexibilidad que el formal no brinda. Para pequeñas empresas, la carga regulatoria puede significar la diferencia entre operar o desaparecer. En ese contexto, la informalidad deja de ser una desviación y se convierte en una respuesta (desafortunadamente) obvia.

La lección es incómoda pero clara: no vamos a crecer fuera de la informalidad automáticamente. El crecimiento económico ayuda, pero no resuelve por sí solo los incentivos subyacentes. Se requiere que la formalidad sea realmente atractiva, con beneficios tangibles como acceso a crédito, mercados y tecnología. No basta con reducir costos; hay que aumentar su valor.

Al mismo tiempo, el Estado debe recuperar capacidad de hacer cumplir las reglas, no como castigo indiscriminado, sino como señal creíble de institucionalidad. Y, quizás lo más desafiante, es necesario rediseñar el sistema laboral y de protección social para que no obligue a elegir entre empleo y seguridad. Mientras ese dilema persista, la informalidad seguirá siendo una opción sensata.

Al final del día, la informalidad no es un error del sistema, sino muchas veces su consecuencia lógica. Aquel emprendedor no está evadiendo al Estado, está respondiendo a los incentivos que éste le ofrece. Mientras esa respuesta siga siendo racional, la informalidad seguirá entre nosotros. La verdadera tarea es lograr que la formalidad deje de ser una carga y se convierta en la mejor oportunidad.

La informalidad en Bolivia es el “elefante en la habitación”: es tan grande que no la podemos ver en su conjunto. Es hora de tener la perspectiva correcta para combatirla.

(*) El autor es economista

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