Cada año, cuando llega el debate salarial, Bolivia repite casi el mismo libreto: presión, consignas y una danza de cifras. Hoy esa conversación ya no alcanza, porque el país cambió y el mundo del trabajo también.

La discusión salarial no puede seguir desconectada de la realidad económica. No se trata de una consigna empresarial, sino de una constatación técnica en una economía que ya no opera bajo las condiciones pasadas.

La respuesta exige mirar el contexto completo. Hasta el tercer trimestre de 2025 la actividad económica se contrajo 1,6% y es probable que la contracción en 2026 sea más aguda dado el ajuste fiscal. Es decir, no estamos discutiendo salarios en una economía en expansión, sino en una economía que todavía atraviesa un valle de necesaria corrección.

El salario mínimo nacional ya fue elevado a Bs 3.300, con un incremento de 20%, en línea con la inflación en 2025. Por tanto, cualquier pedido adicional deja de ser, en esencia, una compensación inflacionaria. Pasa a convertirse en un aumento real adicional del costo laboral, y ahí aparece la pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede hoy la economía boliviana sostenerlo sin afectar la actividad, el empleo y la inversión.

Aquí conviene recordar una verdad que suele perderse en la disputa pública. Una planilla no se paga con voluntad política, sino con ventas, productividad, flujo de caja y acceso a financiamiento. Cuando esas cuatro variables se deterioran al mismo tiempo, el margen para absorber nuevos costos se estrecha de manera severa e incluso desaparece.

Pero la discusión laboral boliviana tiene, además, un problema estructural. Nuestro mercado de trabajo está severamente distorsionado: la informalidad laboral llega a 91% si es que no consideramos el empleo público.

En un país tan informal, encarecer en exceso el empleo formal debilita precisamente el segmento que ofrece mejores salarios, seguridad industrial, jubilación, salud y más oportunidades para los hogares, tal como lo muestra evidencia de académicos y organismos internacionales para Bolivia.

Sin embargo, hay una segunda razón para ampliar el debate, y es aún más decisiva. El mundo del trabajo está siendo transformado por la inteligencia artificial (IA) y por una economía global que premia cada vez más el talento, las habilidades y la capacidad de adaptación.

La evidencia internacional indica que cerca de 40% del empleo global podría verse afectado por la IA, no solo en tareas rutinarias, sino también en funciones cognitivas y de oficina. Eso cambia por completo la conversación laboral.

En la era del conocimiento, el salario importa, pero no basta. También importa qué talento forma un país, cómo conecta educación y producción, qué formación técnica ofrece, cómo acelera habilidades digitales y cómo evita que su fuerza laboral quede atrapada en ocupaciones de baja complejidad y bajo futuro.

Mientras otras economías discuten cómo preparar trabajadores para convivir con la IA, fortalecer habilidades duras y blandas y elevar productividad, nosotros seguimos atrapados en una lógica donde el debate anual parece agotarse en cuánto se decreta. Es una discusión demasiado pequeña para un desafío demasiado grande.

No se trata de negar la importancia del ingreso laboral. Se trata de entender que una política laboral seria debe mirar el presente y el futuro a la vez: proteger el ingreso, sí, pero también resguardar el empleo formal; atender la urgencia social, sí, pero sin sacrificar inversión, productividad y formación de talento.

La salida, por tanto, no está en elegir entre salario o empresa, ni entre trabajador o estabilidad. Está en construir una agenda más amplia: defensa del empleo formal, formación técnica pertinente, más productividad, mejor clima de inversión y una estrategia nacional de talento para la era de la IA. 

Porque un país que solo debate cuánto sube hoy el salario, pero no cómo forma el talento que necesitará mañana, corre el riesgo de perder dos veces: primero en empleo y después en futuro.

(*) El autor es economista

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