La búsqueda de soluciones a la encrucijada económica que atraviesa Bolivia ha dado como resultado propuestas de toda índole. Es natural que, ante un problema, las personas que suelen comentar o analizar la realidad política o económica del país se lancen a presentar lo que consideran que sería el mejor camino para el país. El “problema del problema”, en todo caso, surge cuando estas propuestas presentan soluciones aisladas que no consideran impactos o consecuencias.

El desafío del diseño consiste en pensar políticas públicas que pasen la prueba del «¿Y después qué?». Esta pregunta puede llevarnos a consideraciones políticas, económicas y sociales, por mencionar algunas. Sin embargo, considero que bastará con exponer cómo algunas de las propuestas que ya circulan en el debate público no logran pasar este primer filtro, atendiendo únicamente a las consideraciones económicas.

En una economía donde los dólares escasean y el precio del dólar en bolivianos presenta importantes fluctuaciones diarias, confiscar los dólares de los exportadores pareciera una salida fácil. El razonamiento, simplificado, consistiría en formar una oficina tipo «ventanilla única», por la cual tendrían que pasar todos los que desearan exportar. Al momento de concretar su operación, los exportadores recibirían sus dólares, mismos que, en el acto, serían confiscados por el gobierno para ser cambiados a un tipo de cambio fijado arbitrariamente por este. Así, quien quisiera exportar tendría que entregar, voluntariamente o no, sus dólares al gobierno, que ahora podría destinarlos a operaciones como la importación de combustibles.

Es aquí donde nos detenemos y nos hacemos la sana pregunta: «¿Y después qué?». Si el tipo de cambio........

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