Santa Cruz acaba de vivir una semana que debería encender todas las alarmas. Diez asesinatos en siete días no son solamente una sucesión de hechos policiales. Son una advertencia. A pocos kilómetros de nuestras casas se manifiesta una criminalidad cada vez más violenta, mientras el Estado que debería enfrentarla arrastra instituciones debilitadas, recursos insuficientes y normas concebidas para otro país y otra realidad.

La presencia de organizaciones criminales transnacionales ya no es una hipótesis. El Gobierno acaba de acordar la instalación de una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en La Paz, dentro del plan Fronteras Seguras, después de cinco asesinatos en la frontera y ante la disputa territorial de organizaciones brasileñas como el PCC y el Comando Vermelho. La cooperación internacional es indispensable. Pero ningún país puede delegar su seguridad: primero necesita instituciones nacionales capaces de hacer su parte.

Bolivia tiene desde 2012 la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Creó consejos, mecanismos de coordinación y responsabilidades entre el nivel central, gobernaciones y municipios. También vinculó una parte importante del financiamiento de la seguridad ciudadana al Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Durante años, gobernaciones y municipios destinaron el 10% de esos recursos a esta finalidad.

El problema es evidente: diseñamos parte del financiamiento de nuestra seguridad sobre una renta hidrocarburífera que se está encogiendo.

YPFB informó este año que,........

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