Bolivia tiene un talento admirable para sobrevivir a sus propias tormentas. Pero esa resiliencia histórica también ha incubado una patología en la cultura política: la idea de que la crisis es un método legítimo de negociación. Se «presiona» bloqueando, se «corrige» cercando ciudades, se «representa» a la sociedad paralizándola. Se habla de «protesta» cuando lo que se instala es, en la práctica, una forma de coacción sobre quienes no protestan. Y, como si fuera poco, se pretende que el resto del país aplauda la extorsión como si fuera participación democrática.

El gobierno de Rodrigo Paz ha sostenido una narrativa de diálogo consistente. Hay que reconocer que invocar el diálogo es, en principio, lo civilizado. Sin embargo, el diálogo es un puente, no un ritual vacío, y presupone un mínimo de reciprocidad: la disposición a escuchar, ceder, negociar y, sobre todo, aceptar reglas compartidas. Cuando una protesta extremista no busca acuerdos, sino rendición; cuando no pretende discutir políticas, sino precipitar la caída del Gobierno; cuando su objetivo es deslegitimar de origen cualquier salida institucional, las intenciones de diálogo terminan siendo vaciadas de contenido. No fracasan por falta de mesas, sino por falta de reciprocidad.

Ahí aparece el dilema más peligroso para cualquier Ejecutivo. Si no actúa, puede desgastarse hasta caer. Si actúa —incluso sin salirse siquiera un milímetro del margen legal y moral—, puede caer por la reacción que esa acción desate. La inacción puede erosionar su autoridad y convertirlo en espectador, mientras que la acción puede........

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