La captura de Róger Mariaca y de otros funcionarios vinculados al Ministerio Público golpea a una sociedad que lleva décadas intentando construir instituciones confiables. El Gobierno los acusa de integrar una red de protección al narcotráfico. Que semejante señalamiento alcance a quien debía dirigir la persecución penal constituye una crisis de enorme gravedad y pone bajo sospecha la capacidad del Estado para defender la legalidad.

El daño institucional ya está hecho, aunque las responsabilidades penales deban establecerse en un proceso. Cada ciudadano que acudió a una fiscalía buscando protección tiene ahora motivos para preguntarse qué intereses orientaban sus decisiones. 

El ascenso de Mariaca obliga también a examinar los mecanismos de selección y fiscalización. Llegó a la Fiscalía General por votación de la Asamblea Legislativa, después de ejercer como fiscal departamental de Santa Cruz. Los cuestionamientos públicos a su actuación no impidieron su promoción. Corresponde preguntar qué evaluaron quienes lo........

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