A comienzos de septiembre de 2026, el Tribunal Supremo Electoral y los nueve Tribunales Electorales Departamentales concluyeron el encuentro nacional "Rumbo a la Reforma Electoral 2026", del que salió una hoja de ruta para modernizar el sistema electoral y una convocatoria a talleres con organizaciones políticas, sociales e indígenas, academia y ciudadanía. Al amparo de la Ley 1096, el TSE ya supervisa la legalidad de las elecciones internas y fiscaliza el origen y uso de los recursos económicos de los partidos. Una vocal del TSE lo resumió con una frase que merece citarse: los partidos políticos no pueden ser propiedad privada de un caudillo o de un grupo reducido. Es un diagnóstico correcto. Pero para entender por qué ese problema persiste con tanta terquedad hay que mirar más atrás, porque Bolivia ya vivió, con los partidos que hoy ya no existen, exactamente el mismo defecto que hoy reaparece con otros nombres.

Entre 1985 y 1997, el sistema político boliviano se organizó alrededor de tres partidos —el MNR, ADN y el MIR— capaces de gobernar mediante pactos: el Pacto por la Democracia de 1985 entre el MNR de Víctor Paz Estenssoro y ADN de Hugo Banzer, el Acuerdo Patriótico de 1989 entre ADN y el MIR de Jaime Paz Zamora, y las megacoaliciones de la segunda mitad de los noventa. Esos pactos dieron gobernabilidad y estabilidad macroeconómica a un país que venía de la hiperinflación, un mérito real que sería injusto negar. Pero tenían un defecto de origen que terminó siendo su sentencia de muerte: no eran acuerdos programáticos entre instituciones, sino repartos del aparato del Estado entre las cúpulas de cada partido. El llamado "cuoteo" —la distribución de ministerios, embajadas, prefecturas y empresas públicas entre los socios de la coalición— se convirtió en el verdadero mecanismo de gobierno, y cada cargo se transformó en fuente de prebendas, clientelismo y, con demasiada frecuencia, corrupción.

Ese defecto no era accidental: era la consecuencia directa de un presidencialismo hiperconcentrado, en el que ganar el sillón presidencial —incluso sin mayoría propia, cuando el Congreso definía al ganador entre los tres primeros— significaba controlar casi la totalidad del aparato del Estado durante todo un período. Formar una coalición para........

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