Las nuevas filas por gasolina y diésel deberían servir para que el Gobierno de Rodrigo Paz se sincere que Bolivia no tiene solamente un problema de abastecimiento. Tiene uno más profundo: carece de dólares líquidos suficientes para garantizar sus importaciones, depende peligrosamente del exterior para satisfacer su demanda de carburantes y sigue utilizando un sistema de gestión excesivamente concentrado en YPFB. Mientras estas tres vulnerabilidades no se corrijan simultáneamente, las filas volverán.

Los números son elocuentes. Según la ANH, el consumo mensual de gasolina especial y diésel ronda los 242 millones de litros, unos 8 millones diarios. Bolivia produce apenas parte de la gasolina que consume y prácticamente todo el diésel debe importarse: cerca de 196 millones de litros mensuales. A un costo promedio de US$0,75 por litro, la factura alcanza unos US$147 millones mensuales, entre US$1.500 y US$2.000 millones anuales, sin contar GLP ni otros derivados.

Esta magnitud explica por qué la crisis de combustibles está ligada a la crisis cambiaria: el país necesita cada mes enormes cantidades de dólares para importar, mientras genera menos divisas por el desplome del gas natural. El Gobierno puede señalar que existen mecanismos de financiamiento y que YPFB ha logrado asegurar cargamentos, pero eso no significa que el problema estructural haya desaparecido.

Tampoco se puede atribuir todo a la falta de dólares: hay problemas logísticos, de almacenamiento y transporte. El cargamento de unos 48 millones de litros de diésel varado en Arica —una proporción significativa del consumo mensual boliviano— ilustra cuán expuesto queda el sistema cuando se retrasa un solo envío de esa magnitud.

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