Bolivia ante la amenaza del crimen organizado y la inseguridad ciudadana

Bolivia atraviesa una transición silenciosa pero peligrosa: ha dejado de ser un simple territorio de tránsito del narcotráfico para convertirse en un espacio de operación, asentamiento y disputa criminal. Este fenómeno no solo se refleja en el aumento de delitos violentos, sino también en la creciente sofisticación de las redes delictivas, muchas de ellas con conexiones internacionales. El crimen organizado no solo amenaza la seguridad ciudadana, sino que también erosiona las bases del desarrollo económico, distorsiona mercados y debilita la institucionalidad estatal. La expansión de estas redes ha sido facilitada por debilidades estructurales: un sistema judicial lento y permeable, fuerzas del orden con limitaciones operativas y, en algunos casos, infiltración criminal en distintos niveles del Estado. A esto se suma un contexto socioeconómico que, en determinadas regiones, favorece la reproducción de economías ilegales.

Mientras Bolivia debate cómo enfrentar esta realidad, El Salvador ofrece un ejemplo tan contundente como polémico. Bajo el liderazgo de Nayib Bukele, ese país implementó una estrategia de seguridad basada en el control territorial, la suspensión de garantías constitucionales y la detención masiva de presuntos delincuentes. El resultado ha sido una caída drástica de los homicidios y una percepción de seguridad sin precedentes, acompañada de niveles de aprobación ciudadana cercanos al 90%. Sin embargo, este modelo también ha generado críticas por posibles vulneraciones a los derechos humanos y por el debilitamiento de los contrapesos institucionales. El “modelo Bukele” plantea así una disyuntiva fundamental: ¿hasta qué punto es legítimo sacrificar garantías individuales en nombre de la seguridad colectiva?

Bolivia no puede, ni debe, copiar mecánicamente ese modelo, pero tampoco puede ignorar sus resultados. La principal lección no radica únicamente en la “mano dura”, sino en la capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre su territorio, sus cárceles y su sistema de justicia. Hoy, uno de los mayores problemas del país es precisamente la incapacidad de contener a delincuentes peligrosos dentro de sus propias fronteras institucionales. Las cárceles bolivianas no solo están hacinadas, sino que en muchos casos funcionan como centros de operación del crimen organizado. La elevada proporción de detenidos sin sentencia refleja además un sistema judicial colapsado, donde la impunidad se convierte en norma más que en excepción.

Bolivia no debería rechazar este modelo, sino adaptarlo y perfeccionarlo. La clave está en combinar la capacidad operativa del Estado con el respeto irrestricto al debido proceso. Esto implica desarrollar sistemas de inteligencia criminal más sofisticados, fortalecer la investigación penal y garantizar que cada detención esté sustentada en evidencia sólida y verificable. La construcción de cárceles de alta seguridad, actualmente considerada por el gobierno, puede ser un paso importante, pero solo será efectiva si está acompañada de un sistema judicial ágil, independiente y técnicamente competente.

En este contexto, el tratamiento de delincuentes nacionales y extranjeros vinculados al narcotráfico adquiere una relevancia estratégica. Aquellos que no pueden ser extraditados a Estados Unidos o a otros países deben ser encarcelados en Bolivia bajo condiciones que realmente neutralicen su capacidad operativa. Esto implica la construcción de centros penitenciarios de alta seguridad, con control estatal absoluto, tecnología avanzada y personal debidamente capacitado. No se trata simplemente de construir cárceles más grandes, sino de diseñar un sistema penitenciario que deje de ser un eslabón débil y se convierta en una herramienta efectiva de disuasión.

El verdadero desafío no es encarcelar a miles, sino encarcelar correctamente. Un modelo que priorice la cantidad sobre la calidad de las detenciones corre el riesgo de criminalizar la pobreza, saturar aún más el sistema penitenciario y, en última instancia, perder legitimidad social. Por el contrario, un enfoque que combine firmeza con legalidad puede generar un círculo virtuoso: mayor confianza ciudadana, mayor cooperación con las autoridades y una reducción más sostenible del crimen.

Sin embargo, esta medida debe formar parte de una estrategia integral. Es imprescindible una reforma profunda del sistema judicial que reduzca la mora procesal y garantice condenas oportunas. Asimismo, es fundamental recuperar el control efectivo de las cárceles, evitando que continúen siendo centros de operación criminal. Esto requiere inversión en tecnología, profesionalización del personal penitenciario y mecanismos estrictos de supervisión. También es necesario reforzar la cooperación internacional, no para importar modelos de manera acrítica, sino para intercambiar información, buenas prácticas y apoyo técnico.

Bolivia se encuentra en una encrucijada. Puede continuar con respuestas parciales que apenas contienen el problema, o puede asumir el costo político, económico e institucional de una transformación profunda. El desafío no es menor: implica recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restaurar la credibilidad de las instituciones y garantizar que el territorio nacional no siga siendo un espacio permisivo para el crimen organizado. La experiencia de El Salvador demuestra que los cambios drásticos son posibles, pero también que estos conllevan riesgos. La tarea de Bolivia será encontrar su propio camino, uno que combine firmeza con legalidad, eficacia con legitimidad, y que permita enfrentar a los delincuentes —sean nacionales o extranjeros— con la determinación que exige la gravedad del momento.

(*) El autor es Ph.D. en Economía

La Gestora Pública, una sangría que exige una reforma urgente

Del mar perdido a la oportunidad recuperada: una estrategia realista para Bolivia

El Estrecho de Ormuz: Una trampa estratégica casi perfecta

© El Deber

visit website