Sicariato y justicia |
El asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, no admite relativizaciones. Es un hecho brutal, condenable en toda su dimensión, que golpea no sólo a una familia, sino al propio Estado. Cuando la violencia alcanza a quien tiene la misión de impartir justicia, lo que se hiere no es únicamente una vida, es la idea misma de legalidad.
La reacción institucional ha sido inmediata. Desde el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, su presidente Romer Saucedo ha hablado de una guerra contra el sicariato y el narcoterrorismo. Y es comprensible. Nadie puede cuestionar la necesidad de proteger a los operadores de justicia, de reforzar su seguridad y de evitar que el miedo se instale como norma. Sin jueces libres de amenazas, no hay justicia posible.
Pero sería un error -y uno garrafal- creer que la respuesta puede agotarse en la reacción. Porque junto a la indignación legítima por el crimen emerge otra inquietud, más silenciosa, más incómoda: la duda........