El extravío del Congreso boliviano |
El Parlamento —o Asamblea Legislativa— es una de las instituciones esenciales de la democracia representativa. Su misión no se limita a votar leyes y aprobar presupuestos; también debe fiscalizar al Ejecutivo, deliberar con libertad y convertirse en espacio de encuentro entre visiones distintas del país. En teoría, es el escenario donde la controversia y la concertación se equilibran para producir normas justas y decisiones orientadas al bien común. En la práctica reciente, sin embargo, el Congreso ha ido perdiendo ese norte.
El balance de los últimos años revela una doble desviación: política y moral. Política, porque el órgano deliberante ha mostrado rasgos de sumisión y despotismo, alejándose de su papel de contrapeso frente al Ejecutivo. Moral, porque la corrupción ha erosionado su credibilidad y debilitado la confianza ciudadana. Cuando el Parlamento deja de ser sinónimo de debate serio y se convierte en sinónimo de cálculo partidario o interés personal, la democracia entera se resiente.
La independencia de poderes no es un formalismo teórico, sino una condición indispensable para evitar abusos. Si el Legislativo actúa subordinado, pierde su esencia fiscalizadora y renuncia a su responsabilidad histórica. La teoría de pesos y contrapesos exige firmeza institucional, no complacencia. El ejercicio de la representación implica lealtad al país antes que a cualquier estructura de poder.
Otro problema central es la deficiente técnica legislativa. La proliferación de normas imprecisas, contradictorias o alejadas de la realidad genera inseguridad jurídica e inflación normativa. Se dictan leyes que no resuelven problemas concretos o que resultan inaplicables. La calidad de la ley depende no solo de su intención política, sino de su claridad, coherencia y viabilidad. Sin rigurosidad técnica, el ordenamiento jurídico se contamina y pierde eficacia.
La recuperación institucional también pasa por la formación. Senadores y diputados, especialmente quienes se inician en la actividad legislativa, deberían recibir capacitación sistemática en técnica legislativa, análisis constitucional y evaluación de impacto normativo. La improvisación no puede seguir siendo regla. La democracia no es únicamente cuestión de números; también es cuestión de calidad humana e intelectual de quienes representan a la ciudadanía.
En este contexto, la educación adquiere un papel estratégico. La lucha contra la corrupción y la marginalidad social no se resolverá solo con leyes más severas, sino con una cultura cívica renovada. Moral pública, disciplina y honor deben formar parte del proceso educativo desde la infancia. El respeto a los recursos públicos debe entenderse como principio ético básico, no como consigna ocasional.
Es igualmente imprescindible revisar y fortalecer el marco normativo fundamental. El respeto irrestricto a la Constitución Política del Estado debe ser un compromiso real, sin interpretaciones forzadas ni acomodos coyunturales. Analizar la vigencia de la Ley de Partidos Políticos, la Ley Electoral y el Padrón es parte de una agenda pendiente para robustecer la legitimidad democrática. Sin partidos sólidos y diferenciados en ideas y programas, la representación se diluye y el oportunismo ocupa el vacío.
En el ámbito económico, el Parlamento tiene responsabilidad directa en generar condiciones jurídicas claras para atraer inversión extranjera útil, especialmente en sectores estratégicos como hidrocarburos y minería. Pero esa apertura debe ser inteligente: la inversión debe transferir tecnología, generar empleo, crear divisas y asociarse con el capital nacional, no desplazarlo. Sin seguridad jurídica y estabilidad normativa, ningún proyecto de largo plazo prospera.
La Asamblea Legislativa requiere una agenda estructurada por prioridades nacionales, con evaluación permanente de resultados. Debe medir no solo cuántas leyes produce, sino qué impacto real tienen. La producción legislativa debe traducirse en mejoras concretas para la población.
En el marco del Bicentenario de Bolivia, el Congreso tiene la oportunidad histórica de rectificar su rumbo. Reorientar su rol, elevar la calidad del debate y recuperar la autoridad moral son pasos imprescindibles para que la institución vuelva a ser garante de la democracia y no símbolo de su extravío.
René G. Mostajo Deheza - Docente universitario emérito