Archivo - Arquivo - 23 DE FEBREIRO DE 1981 - MADRID, ESPAÑA: Interior do Congreso dos Deputados durante o intento de Golpe de estado. O Tenente Coronel Tejero, pistola en man, accede ao hemiciclo e interrompe a primeira toma de posesión como presidente do / Europa Press - Archivo

Quienes desde las 18,20 de la tarde del 23 de febrero de 1981 tuvimos claro que aquel intento de golpe de Estado era una monumental chapuza sin pies ni cabeza que no podía estar patrocinada, ni siquiera con su conocimiento, por el Rey Juan Carlos I. La desclasificación de los documentos ordenada por el Gobierno ha venido esta semana a demostrar que estábamos en lo cierto pese a tantos años de intoxicación informativa auspiciada por una izquierda extemporánea y rancia y jaleada por la irredenta progresía woke incapaz de reconocer las cosas tal como son y no como las quieren explicar historiadores al dictado de su propia imaginación.

    No hay nada nuevo sobre los sucesos del 23-F en el Congreso de los Diputados tras el fallido intento del teniente coronel Tejero de subvertir el orden constitucional para imponer un Gobierno presidido por el general Armada y refrendado por la presunta soberanía popular secuestrada en el hemiciclo. Todos los documentos y conversaciones telefónicas coinciden en la verdad ahora convalidada: que el Rey fue ajeno a aquel lamentable espectáculo de nuestra incipiente democracia, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

    ¿Y ahora qué? Pues que la reacción mayoritaria de los españoles, incluidos los medios de comunicación solventes, se preguntan si después de estas esclarecedoras revelaciones se va a seguir evitando la residencia de don Juan Carlos en suelo español, a sus 88 años, privado de la vida, el ambiente y las costumbres que tanto añora por su bien ganado sobrenombre de campechano. Lo han manifestado sin rodeos el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, entre otros muchos líderes de la política española. El Rey que trajo la democracia a nuestro país tiene todo el derecho a vivir en su recta final en España, su patria, en la que fue titular de la Corona durante cerca de cuarenta años, uno de los reinados más largos de la Historia, solo superado por los 48 de Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica.

    Pero tal posibilidad no debe convertirse en un debate nacional entre partidarios y oponentes a su vuelta. El regreso definitivo del Rey ahora exiliado voluntariamente para evitar daños colaterales a la Monarquía debería plantearse con toda normalidad y como expresión de su voluntad también de recobrar la sensación de amanecer cada día viendo los cielos de su gran nación. De perpetuarse la situación actual en que se encuentra residiendo en la isla de Nurai (Abu Dabi), será severamente juzgada por la Historia cuando pasado el tiempo se pueda calibrar en toda su dimensión la profunda injusticia cometida con un Jefe de Estado providencial tras la muerte de Franco.

    Sin la menor duda, el regreso de don Juan Carlos sí que sería una gran novedad después de que la desclasificación de los documentos del 23-F no hayan aportado nada que no se conociera y que al mismo tiempo han convalidado la impecable actuación del entonces Rey en la tarde-noche en que estuvo en peligro la continuidad de la vigencia de la Constitución de 1978.

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