La soberanía digital es un concepto muy en boga. Tanto más cuanto los avances tecnológicos se desarrollan a una velocidad vertiginosa, su poder se concentra en una serie de compañías que acaban convirtiéndose en proveedores universales de servicios y prestaciones críticas para cualquier estado y la tentación de hacer un uso arbitrario de los mismos por parte de sus países de origen se multiplica.

Si nos atenemos a los 'rankings' de innovación a nivel global, tanto chinos como estadounidenses copan la mayor parte de esos desarrollos llamados a convertirse en herramientas de uso generalizado en el futuro inmediato, mientras que la Vieja Europa ha vivido instalada en un pesimismo derivado de ese ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’ al que le ha abocado su reciente falta de liderazgo.

Sin embargo, al calor del Informe de Competitividad publicado por Draghi hace ya año y medio, la UE ha tomado conciencia de su vulnerabilidad y de la dimensión del riesgo que asume tanto como colectivo como individualmente en cada uno de sus miembros. Y con objeto de paliar un déficit arrastrado desde hace décadas, ha decidido impulsar el ‘European first’ a través de una serie de medidas destinadas a privilegiar lo que se ha dado en llamar el ‘pasaporte comunitario’.

Un proyecto ilusionante, como diría cualquier ‘headhunter’ de medio pelo, pero que se enfrenta, como no podía ser de otra manera, a los tres elementos que condicionan cualquier decisión en su ámbito de aplicación, dando por buena, que ya es dar, esa aquiescencia de todos los interesados tan difícil de conseguir las más de las veces; a saber: la parafernalia burocrática, que ralentiza 'ad infinitum' el proceso regulatorio; el ‘papismo’ que hace que se establezcan más cortapisas a la defensa del interés propio que en cualquier otra geografía; y la viabilidad efectiva a través de disposiciones que no añadan más complejidad a los interesados.

Pero, sea como fuere, es una ola que viene y uno de los primeros en surfearla es el propio Gobierno español que, siendo verdad que está ‘a las patatas’ en buena parte de los asuntos de importancia sustantiva para nuestro país, ha decidido, al menos formalmente, coger el toro por los cuernos y hacer toda una declaración de intenciones que vio la luz en el Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero.

Un documento que, vaya, peca de una cierta indefinición en los detalles, pero que hace un repaso suficientemente extenso en la justificación de la medida con base en el contexto patrio, la identificación de los retos y oportunidades a los que nos enfrentamos como nación y la enumeración de las infraestructuras y servicios críticos que deberían quedarse bajo nuestro paraguas. Aquí se les pueden buscar todos los pies al gato del que no da puntada sin hilo -instrumento de control, uso partidista del dato, vehículo de censura-, pero hay que reconocer que es un buen ejercicio de partida.

Son apenas 17 páginas que se lo dejo para su lectura entre gamba y vermú esta Semana Santa si es que no participan de su carácter penitencial. Por tanto, no nos vamos a enredar en esto. Sí que me parece más relevante la experiencia práctica, de la que hablo como presidente de una compañía que realiza una prestación crítica para el tráfico de datos y la protección de entornos web y de la que solo hay un competidor relevante en Europa, el resto son norteamericanos.

El mensaje de ‘alternativa’ es comprado por todo aquel a quien nos vamos a presentar. Pero en este caso, si los amores son obras, ahí la cosa hace aguas. Prima el Virgencita, virgencita, que me quede como estoy por una doble razón: la propia inercia del negocio (la pereza de cambiar el 'statu quo') y la necesidad de justificación adicional frente a los jefes (sobre los ‘big names’ no hay que dar explicaciones por más que su ventaja competitiva no sea tal). De ahí que la intervención de los máximos ejecutivos sea, la más de las veces, fundamental.

Dicho esto, el problema de fondo es que no se puede crear un ecosistema de verdad de firmas españolas en sectores críticos si los principales contratistas no apuestan por esas pymes que ofrecen una propuesta de valor diferencial en los mismos. Coincidir en foros con ellos, ver cómo se les llena la boca hablando de ‘españolidad’ y comprobar después, a la hora del ‘follow-up’, que hay poco que rascar, es todo uno. De ahí que todo impulso de arriba abajo por parte del Gobierno sea fundamental.

Sin ello, habrá poco que hacer, aunque se quiera. Que no caiga en saco roto. Es la hora de la verdad.

Y es de cajón, puro sentido común.

© El Confidencial