Venezuela, 2009: Hugo Chávez pide en televisión la pena máxima de 30 años de prisión para la jueza María Lourdes Afiuni, que había concedido la libertad condicional a un banquero detenido por blanqueo. La acusa de favorecer la corrupción financiera. Pocas horas después, la magistrada es detenida, procesada y encarcelada en un caso que organismos internacionales describirían como represalia directa por su decisión jurisdiccional.

Nicaragua, 2023: Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama, asume de facto la presidencia del Poder Judicial y desencadena una purga masiva de jueces, con unas 150 renuncias de magistrados y el posterior nombramiento de togados afines. El resultado es un órgano judicial alineado con el Ejecutivo y sin capacidad real de controlar al poder político.

México, 2024: Andrés Manuel López Obrador impulsa una reforma para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, en un contexto de fuertes tensiones por casos de corrupción y control judicial de utilización de recursos públicos. En 2025 la reforma entra en vigor de la mano de su partido, MORENA, que desemboca en unas elecciones judiciales extraordinarias. Tras años erosionando la legitimidad y la capacidad de unos jueces que les controlaban e impedían actuar al margen de la ley, el Gobierno consigue un clima social propicio para su defenestración definitiva.

España, 2026: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entra en la sede del PSOE por mandato judicial. La finalidad es requerir al representante legal del partido la entrega de documentación relevante y, si se opone, se autoriza la entrada y registro. La operación se realiza en el marco de una investigación por una supuesta trama organizada desde abril de 2024 para "desestabilizar" o neutralizar procedimientos judiciales y actuaciones policiales que afectaban al PSOE o al Gobierno, usando para ello contactos con investigados, ofrecimientos de favores o dinero, obtención de información reservada y maniobras de presión sobre testigos, fiscales y mandos de la UCO.

No es la primera vez que se investigan delitos que atentan contra la base de la democracia. Ahí está la investigación sobre la llamada........

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