El Gobierno vuelve a estar metido hasta las trancas en un asunto que apesta a déficit democrático.

Cuando el Ejecutivo aprobó por decreto ley la prórroga obligatoria de los alquileres, ya sabía de la elevada probabilidad de que este decayera a los 30 días por no superar el control parlamentario que requiere la Constitución.

El diputado Gabriel Rufián lo telegrafió el 25 de marzo en la tribuna del Congreso: "Me dirijo a los inquilinos cuyo contrato acaba entre el 22 de marzo del año 2026 y el 31 de diciembre de 2027: enviad ya un burofax a vuestros caseros diciendo que os acogéis a la prórroga (...) Aunque el decreto decaiga por el voto de la derecha catalana, hay posibilidad de batallarlo judicialmente si enviáis este burofax".

El Gobierno........

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