El campo español se enfrenta hoy a un desafío que no admite simplificaciones: necesita abrir nuevos mercados a clientes cada vez más alejados y exigentes, y no podrá hacerlo sin ser competitivo y disponer de las herramientas de seguridad adecuadas. Ya que abrirse al mundo, en el escenario actual, sin protección no es un avance, es una imprudencia.

Una población europea cada vez más envejecida, con nuevos hábitos de consumo y nuevas exigencias en la producción alimentaria, obligan a mirar más allá de las fronteras del viejo continente para garantizar la comercialización de nuestros productos. Los recientes acuerdos comerciales —con Mercosur, India, Australia o el propio entorno mediterráneo— responden a esta realidad.

Los conflictos bélicos, los cambios geopolíticos o las subidas inesperadas y caprichosas de aranceles, son la muestra más evidente de que la globalización exige nuevos instrumentos de protección.

Sin duda, la apertura comercial de Europa es necesaria, pero supone hoy un doble reto para el campo español. Por un lado, la oportunidad de exportar más y ganar más; por otro, una presión creciente sobre nuestros productores, que deben competir con países que operan con costes más bajos, estándares diferentes y, en ocasiones, controles menos exigentes.

El caso de Marruecos es especialmente ilustrativo. La falta de garantías efectivas en el cumplimiento de condiciones de producción y control han generado un desequilibrio competencial con muchos agricultores españoles. No se trata de un debate ideológico, sino de una cuestión de cumplimiento de la legalidad, de........

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