Tras la contrarreforma de las pensiones perpetrada por José Luis Escrivá en 2022, estos ingresos vuelven a estar rígidamente indexados a la evolución del IPC. Sea cual sea la situación financiera de la Seguridad Social, los pensionistas, todos ellos, ven automáticamente protegido su poder adquisitivo. En 2025, la revalorización será del 2,8%, lo que, sumado a la actualización de las mínimas y de las no contributivas, disparará el coste por encima de los 7.100 millones de euros anuales. Conviene remarcar el término anuales porque no se trata de un pago de una sola vez, sino que, al tratarse de un incremento estructural de estos pagos, supone un desembolso extra consolidado.
El problema ya no es solo que 7.100 millones de euros adicionales cada año constituyan una suma muy considerable de dinero: el problema es que, desde que esta medida se puso en marcha en 2022, el coste anual acumulado de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas totaliza más de 33.000 millones de euros al año (3.900 millones en 2022, 14.500 millones en 2023, 8.280 millones en 2024 y 7.100 millones en 2025). ¿Y cuánto son 33.000 millones de euros anuales de sobregasto en materia de pensiones? Pues son, por ejemplo, un 20% más de todo lo que gastamos anualmente en policía y tribunales; más de la mitad de todo el gasto público en educación; o 13 veces más de todo el gasto público dirigido a la promoción de nueva vivienda.
De hecho, detengámonos en esta última métrica: a un coste promedio de 150.000-200.000 euros por vivienda, con esos 33.000 millones de euros, el Estado podría construir cada año entre 160.000 y 220.000 nuevas viviendas públicas. O expresado de otra forma: el coste de oportunidad presupuestario de haber revalorizado las pensiones públicas conforme al IPC desde 2022 ha sido haber dejado de construir, cada año, unas 200.000 viviendas públicas. Si de verdad nos creyéramos que uno de los principales problemas sociales de España es el acceso a la vivienda de los más jóvenes, entonces las prioridades presupuestarias serían muy distintas a las que son actualmente; pero, más allá de la vacía retórica política de cara a la galería, queda claro que a nuestros gobernantes les interesa muchísimo más mantener contentos a los más de 10 millones de pensionistas (más de 10 millones de votantes) que ayudar a solucionar los problemas habitacionales de las generaciones más jóvenes.
Acaso algunos opinen que la disyuntiva anterior entre pensiones para los mayores o viviendas para los jóvenes es una falsa disyuntiva, que es perfectamente factible tener ambas a la vez. Y, hasta cierto punto, es así: la partida presupuestaria a recortar para poder sufragar el sobrecoste de las pensiones públicas no tendría por qué ser la de la vivienda pública. Siendo verdad lo anterior, empero, el rechazo frontal a siquiera plantear este tipo de disyuntivas suele ocultar una equivocación, o una obcecación, mucho más profunda: la creencia de que no existe restricción presupuestaria. Pero gastar más en A necesariamente implica gastar menos en algo distinto de A: no es posible gastar más en todo a la........© El Confidencial