Sólo una cosa es segura en el juicio de Begoña Gómez: que, con jurado o sin él, cualquiera que sea el veredicto la mitad del país dirá que fue trampa. De hecho, algunos ya lo están diciendo.

Rubén Amón escribe un artículo bien escrito (en él eso es obligado) con un título vehemente en el enunciado y rotundo en el contenido: "El jurado popular ni es jurado ni es popular". Se refiere a la institución del jurado, de la que reniega con carácter general, y al caso concreto del jurado que enjuiciará a Begoña Gómez, del que reniega doblemente.

En lo primero, envidio su certeza (siempre envidio a quienes están seguros de algo en lo que yo dudo). En lo segundo, comparto su criterio. Desde la modestia de mi formación jurídica, reconozco argumentos sólidos a favor y en contra del jurado popular; y en el caso singular de Begoña Gómez no discuto que su enjuiciamiento por un jurado se ajusta a la ley, pero veo en él más problemas que beneficios.

Los juristas llevan muchas décadas discutiendo sobre las ventajas e inconvenientes de la institución del jurado popular y, a estas alturas, aún no existe una doctrina comúnmente aceptada. Lógico, porque el asunto está plagado de matices y puntos intermedios, porque se parte de distintas tradiciones jurídicas y porque la práctica no ha conseguido dirimir claramente la cuestión en uno u otro sentido.

En líneas generales, el jurado popular se utiliza ampliamente en los países anglosajones, basados en la Common Law y en la prevalencia de la jurisprudencia y la costumbre sobre los códigos y las leyes escritas. Estados Unidos es el ejemplo más destacado. En el derecho continental europeo, basado en la ley escrita y codificada (Civil Law), pesa mucho más el papel de los jueces y tribunales profesionales, aunque hay métodos mixtos (escabinados) y varios países continentales han ensayado el método del jurado, generalmente con poco éxito.

El artículo 125 de nuestra Constitución........

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