Ley de la Segunda Oportunidad: hacia una correcta aplicación de la exoneración de pasivos insatisfechos |
La Ley de la Segunda Oportunidad nació tras la crisis financiera de 2008 con una finalidad muy clara: permitir que personas físicas y autónomos en situación de insolvencia pudieran reiniciar su vida económica; evitando así que las deudas fueran una condena permanente en un contexto (el de la crisis financiera) que se caracterizaba por un desempleo masivo y por un elevado sobrendeudamiento. Así, tal y como estaba planteada en su origen, esta normativa daba respuesta a una necesidad muy concreta por parte de una sociedad que se había visto golpeada con dureza por la crisis financiera y que buscaba, de forma legítima, una salida a sus problemas económicos.
De esta manera, la Ley de la Segunda Oportunidad permite a los deudores solicitar la exoneración de sus deudas. Y aunque la redacción de la ley cambió bastante en su posterior reforma de 2022, hay un principio elemental sobre el que se fundamenta y que se ha mantenido inalterable: la exigencia de la buena fe como requisito imprescindible para que una persona física o jurídica pueda acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.
Desafortunadamente, en los últimos años, la industria de la litigación había convertido la Ley de la Segunda Oportunidad en una nueva fuente de inseguridad jurídica, aprovechándose de la sobrecarga del sistema judicial para convertir la presunción de buena fe........