Franns Rilles, un inmigrante boliviano sin papeles, fue depositado cerca del hospital de Gandía por el dueño de la panificadora en la que trabajaba después de que una máquina seccionara su brazo. Sus jornadas eran de 12 horas por las que cobraba 23 euros.

El suceso tuvo lugar hace casi 20 años y desde entonces hubo otros muchos similares, en los que a veces falleció el inmigrante, que hicieron aflorar a ojos de la prensa la existencia de cientos de miles de inmigrantes irregulares que trabajan en negro en España. Para poner fin a su explotación, para que tengan una existencia digna, es necesario regularizarlos.

La natalidad en España toca fondo año tras año. Desde que en 2009 la máquina de la panificadora amputó el brazo a Franns Rilles, ha caído un 38% hasta los 1,12 hijos por mujer. España está, en cambio, en el pelotón de cabeza de la esperanza de vida (84 años) en la Unión Europea. Por eso, y por otros muchos motivos, necesita acoger a inmigrantes aunque hoy en día ya tenga a muchos. Son aproximadamente el 19,6% de sus 49,3 millones de habitantes.

El real decreto que se dispone a aprobar el Gobierno, tras alcanzar el PSOE un acuerdo con Podemos, pone en marcha una regularización diferente a todas las anteriores que hubo en España en democracia. Está salpicado de fallos y entraña algunos riesgos. Aquí va un repaso de algunas de sus deficiencias que quizás sean subsanadas cuando se apruebe.

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Marta García Aller

1. El Gobierno parece carecer de una estimación fiable de cuántos inmigrantes va a regularizar. Irene Montero, la secretaria política de Podemos, habló de 500.000 sin explicar su origen. Presentada hace dos años y medio, la Iniciativa Legislativa Popular mencionaba a un máximo de 470.000, una cifra que la eurodiputada de Podemos habría actualizado.

Más fiable parece la estimación de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) que eleva a 840.000 los inmigrantes que carecen de papeles. De ser exacta esta cifra, la de este año sería la mayor regularización de la historia de España, muy superior a la promovida en 2005 por José Luis Rodríguez Zapatero, que abarcó a 578.000 personas.

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Ángel Villarino Fotografía: Alejandro Martínez Vélez

2. Los requisitos para proporcionar "papeles" al inmigrante son ahora mucho más laxos que en las anteriores regularizaciones, incluida la de Zapatero. Entonces era necesario disponer de un contrato de trabajo firmado. La regularización estaba supeditada a la inserción laboral. En el fondo, regularizaba el Ministerio de Trabajo. Ahora lo hará solo Interior.

Ahora basta también con demostrar que se ha residido en España al menos 5 meses, antes del 31 de diciembre de 2025, y que se carece de antecedentes penales. Al hacer la solicitud, el inmigrante obtiene un primer permiso de residencia y otro de trabajo con un año de validez.

3. Muchos de los documentos requeridos son fácilmente falsificables. Además del certificado de empadronamiento, se pueden presentar pasaportes sellados al entrar en España, billetes de transporte, facturas de pagos en tiendas, matrículas escolares de los hijos, informes médicos, contratos de alquiler, comprobantes de envíos de remesas a sus países de origen, etcétera. Si se carece de esta documentación, cabe la posibilidad de recurrir a testigos.

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Alberto Pérez Giménez J. Jorrín

También se exige un certificado de antecedentes penales del país de origen, un documento imposible de conseguir para muchos.........

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