La oportunidad que no puede desperdiciar la universidad española

Lo que más llama la atención de la ola de protestas que convulsiona nuestra universidad es el clamoroso silencio de los Consejos Sociales.

Los Consejos Sociales -instancia de participación de la sociedad en la universidad- son los órganos legalmente destinados para afrontar el problema de la financiación de la enseñanza y responsables en última instancia de la aprobación de los planes necesarios para su ejecución. Pero nada dicen. Un silencio expresivo, como si no existieran.

Esa mudez es una clave importante para empezar a entender el problema de la enseñanza superior española, que radica en la progresiva desconexión de la universidad de la sociedad y en su conversión en un servicio capturado -por acción o dejación- por los que estamos dentro.

¡Somos soberanos! ¡El presupuesto es nuestro!... se dice repetidamente en la universidad española, interpretando desviadamente el artículo 27.10 CE que establece la autonomía universitaria y olvidando que la Constitución es un sistema integrado de normas que imponen a los poderes públicos el deber de responsabilidad, lo que constitucionalmente se conoce como "accountability".

Lo que para los ciudadanos son derechos sin menoscabo de ciertos deberes que también les competen, para los órganos o poderes públicos se traducen en atribuciones y en la exigencia de rendir cuentas.

El resultado de todo ese equívoco ha sido que los que estamos dentro hemos podido hacer lo que nos daba la gana con unas partidas presupuestarias que son de los españoles, porque proceden de los impuestos que pagan todos. Y lo hemos hecho mal, muy mal, fatal. Inflándonos de cargos clientelares (alguna universidad cuenta hasta veinticinco vicerrectores), de personal directo o indirecto en actividades ni académicas ni investigadoras (otras llegan al 80% en gastos de personal), de malgastar un dineral en miles de misérrimas dietas para oposiciones que no son tales, en edificios que no valen para nada, en pompas que no nos corresponden…

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