La rebelión de las combis, concretada en dos paralizaciones, reflejó el hartazgo de los transportistas de Lima por la indiferencia del Poder Ejecutivo y del Congreso ante el avance de las extorsiones. Hay un punto de quiebre. Lo que observamos es el primer momento de una protesta mayor −con otros sectores afectados− que puede jaquear a dos poderes que hasta ahora gobiernan plácidamente. Y por el mismo motivo: la inseguridad.
En los paros del 26 de setiembre y el 10 y 11 de octubre un rasgo llamativo fue que participaron los conductores de las líneas informales y formales, rebasando estos últimos la renuencia de las empresas que detentan las concesiones. Ello se debe, como bien ha sido explicado en este Diario, porque la mayoría de quienes operan los buses son comisionistas y a su vez enganchadores de choferes y ayudantes expuestos a la criminalidad. Estos tenían todas las ganas de protestar. En el movimiento afloraron liderazgos de transportistas informales que tuvieron la voz cantante y establecieron, como demanda principal, la derogación de la nueva ley sobre crimen organizado, especialmente en sus articulados de represión a las marchas. Los acompañaron vivamente quienes piden adelanto de elecciones y desearían una huelga indefinida, para “que se vayan todos”.
Las extorsiones contra los transportistas en Lima crecieron sin que la policía combatiera sus ramificaciones. Comenzaron, hace unos cinco años, con el denominado “falso chalequeo”. Maleantes se ofrecían a las empresas para evitar que las apedrearan en su camino. La “protección” a las líneas informales implicaba ahuyentar, en ocasiones violentamente, a los inspectores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que empezó a vivir su propio drama. La policía podía presenciar impávida estos ataques.
Los extorsionadores pasaron a controlar aspectos del negocio, como la cantidad de viajes y unidades en circulación. Las........