La Corte Suprema acaba de asestar una segunda estocada profunda al esquema de imputaciones por lavado de activos en el financiamiento de campañas políticas que desarrollaron jueces y fiscales durante los últimos años. Resolvió que es improcedente juzgar a la banquera de inversión Susana de la Puente por transferir al partido de Pedro Pablo Kuczynski fondos recibidos de Odebrecht y privados en el 2011. Ella lo hizo a través de transferencias bancarias, lo que escapaba al rasgo básico del tipo penal: ocultamiento para disfrazar dinero sucio. La primera estocada la causó el Tribunal Constitucional (TC) en octubre pasado. Dijo que el juicio contra Keiko Fujimori por el mismo delito era ilegal porque la acusaron por hechos que aún no estaban penalizados cuando se produjeron. El modelo, pues, se ha visto atacado por dos flancos. Es obvio que habrá efectos contrarios a las tesis del Ministerio Público en otros procesos similares.

Constituyó el último veredicto –y ponencia– en la carrera del prestigiado juez César San Martín, quien pasó al retiro a fin de año. San Martín apoyó un dictamen de Jesús-María Silva Sánchez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y uno de los penalistas más reputados de España, que fue ofrecido por la defensa. Silva Sánchez opinó que la transferencia de fondos desde una cuenta personal a........

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