Sacar adelante un proyecto en el Perú es un reto enorme. La cantidad de requisitos que hay que cumplir para obtener las autorizaciones y las demoras de las instituciones por las que hay que pasar elevan los costos del proyecto. Pero un costo escondido y pocas veces transparentado lo generan las redes de corrupción enquistadas en las municipalidades y gobiernos regionales.

Y es que, como sabemos, la política se ha convertido en un negocio bastante rentable en nuestro país. Estas redes de corrupción han sido articuladas de tal manera que desde el alcalde hasta el último funcionario que forma parte de la organización se vea beneficiado económicamente. Pero no se trata solo de los funcionarios podridos. Porque, para que ellos existan, se necesita una contraparte. Esto es, alguien que desde el sector privado acepta sobornar para impulsar un proyecto. Pero que quede claro que ese empresario........

© El Comercio