PJ renueva orden de captura contra Cerrón mientras que Tribunal Constitucional sesiona hoy

Así lo confirmó a El Comercio la presidenta del TC, la magistrada Luz Pacheco, quien señaló que ya se le entregó el informe que ordenó tras detectar que la ponencia o proyecto de resolución inicial del caso no había seguido el trámite regular de las demandas constitucionales.

Como se recuerda, semanas atrás la magistrada dijo a El Comercio que se habría incurrido en “algo irregular” en el manejo del expediente de Cerrón Rojas, y, por ello, había ordenado una investigación.

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Días atrás, Pacheco narró a este Diario que el proyecto de resolución, que se elabora previo a la vista de la causa, no tenía la firma de la coordinadora de la Comisión de Habeas Corpus del TC. Por el contrario, el documento fue elaborado por un asesor técnico en coordinación con “un despacho”.

“Lo que he afirmado es que el proyecto enviado no fue visado por el supervisor de la comisión porque no estaba de acuerdo con su contenido y en el sistema se encuentra la constancia de la falta de visación”, dijo en ese momento la magistrada.

El documento tenía como conclusión la propuesta de declarar “fundado” el recurso de habeas corpus a favor de Cerrón Rojas y disponía la nulidad de la orden de captura y prisión preventiva de 24 meses por el Caso “Aportes ilícitos a Perú Libre” que pesa en su contra.

“La investigación es para determinar quién hizo la coordinación con el asesor de la comisión para que se proyectara en el sentido que nos llegó”, adelantó la presidenta del TC.

La propuesta de resolución, en el trámite regular, lo realiza una comisión del TC, lo firma el coordinador de dicho grupo de trabajo y se le alcanza al magistrado ponente. Luego, es derivado a la presidencia para que se agende la vista del caso en audiencia.

El ponente en la demanda de Cerrón Rojas -y quien hace suyo el proyecto de resolución total o parcialmente- es el magistrado Pedro Hernández.

Fue precisamente Hernández, de acuerdo a fuentes de la institución, quien insistió ante la Presidencia agendar con prontitud la vista de la causa a favor del prófugo exfuncionario, por lo que el caso se tramitó en menos de un mes y fue evaluado en audiencia pública el 11 de marzo.

La investigación dispuesta por la presidenta del TC ya tiene un resultado y como primer paso, será analizado este martes, de acuerdo a lo señalado por Pacheco a El Comercio.

“(¿Analizarán el tema de Vladimir Cerrón?) Mañana (martes) tenemos sesión y analizaremos lo sucedido. Imagino que comunicaremos a la prensa los resultados la próxima semana.” Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional

“(¿Analizarán el tema de Vladimir Cerrón?) Mañana (martes) tenemos sesión y analizaremos lo sucedido. Imagino que comunicaremos a la prensa los resultados la próxima semana.”

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional

La magistrada señaló que los siete miembros del Pleno del TC deberán tomar una decisión con los resultados del informe, que será comunicada la próxima semana.

“(¿Ya le entregaron el informe de la investigación que usted ordenó? Sí. Lo vamos a analizar en el Pleno y, como le digo, no creo que el resultado será esta semana”, acotó.

Pacheco se excusó de continuar dando detalles sobre el resultado del informe, debido a que será lo que analizarán en el Pleno de este martes y sobre el cual adoptarán decisiones.

Fuentes del TC han explicado que la votación del caso dependerá de lo que se decida en torno al informe de la investigación. Puede que sea este mismo martes si se acuerda continuar con el proceso o se adoptaría otro tipo de decisión.

Además de continuar adelante con el caso y someterlo a votación, podrían darse otros escenarios como elaborar una nueva ponencia, cambiar de ponente y hasta anular la vista de la causa.

La sesión de este martes está prevista para las 9 a.m y hasta el momento se convocó a todos los magistrados integrantes del Pleno: Luz Pacheco (presidenta), Helder Domínguez (vicepresidente), Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Pedro Hernández.

Cerrón Rojas se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del 2023 y actualmente es candidato presidencial por Perú Libre.

Ante el TC, el prófugo y su defensa legal buscan la nulidad de su prisión preventiva alegando que el fundador de PL tenía el derecho de fugarse para resguardar su integridad, buscando validar su derecho a la “desobediencia” a los mandatos judiciales.

La recompensa de 500 mil soles por cualquier información que permita dar con el paradero del prófugo Vladimir Cerrón sigue vigente.

Poder Judicial renueva órdenes de ubicación y captura contra Cerrón por caso "Aportes a PL"

Precisamente, por el caso “Aportes irregulares a Perú Libre”, en una resolución reciente, el Poder Judicial (PJ) ordenó la renovación de la orden de ubicación y captura contra el prófugo candidato presidencial, Vladimir Cerrón.

Es esta medida judicial la que Cerrón Rojas busca anular ante el Tribunal Constitucional.

No obstante, a través de una resolución emitida por el juez de Investigación Preparatoria, Leodán Cristóbal Ayala, a la que accedió El Comercio, el magistrado ordenó renovar la medida dictada contra Cerrón Rojas, en el marco del proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

Según el documento, el especialista de juzgado José Mario Orrego Zamora, informó al magistrado que se encontraba pendiente la renovación de las órdenes de ubicación y captura del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas -dispuesta mediante Resolución N.° 17, del 29 de septiembre de 2025- la misma que debe renovarse cada seis meses; y que se encontraba próxima a vencer (29 de marzo de 2026).

Ante ello, a través de una resolución del 27 de marzo, el magistrado ordenó inscribir la orden de ubicación y captura en el Registro Nacional Judicial (Renaju) y oficiar a la Interpol Lima a “efectos que cumpla con registrar la renovación de las órdenes de ubicación, captura y conducción a nivel internacional del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas”

Otro co-procesado de Cerrón alega que se fugó por “auto-protección”

De otro lado, el Poder Judicial (PJ) dictó prisión preventiva contra Francisco Muedas Santana, co-procesado junto a Vladimir Cerrón, en la investigación que se le sigue por los presuntos aportes ilícitos que se introdujeron al partido político Perú Libre y que habrían usado para campañas electorales.

Muedas Santana se encuentra prófugo de la justicia desde el 2021, a razón de una primera orden de prisión preventiva que se dictó en su contra por el caso “Los Dinámicos del Centro”.

Posteriormente, en octubre del 2023, se le impuso prisión preventiva por el caso “Aportes a Perú Libre”. La medida fue revocada en segunda instancia un año después y se le impuso comparencia con restricciones y reglas de conducta.

Al igual que Vladimir Cerrón, las reglas de conducta para Muedas Santana incluían “informar actividades cada 30 días y pasar control biométrico”, así como “concurrir a todas las citaciones fiscales y judiciales” y “no ausentarse de la localidad de residencia sin autorización judicial”.

Sin embargo, debido a que se encontraba en la clandestinidad, Muedas no cumplió con las reglas de conducta.

En mayo del 2025, la fiscalía pidió variar la medida de comparecencia por prisión preventiva debido al incumplimiento de reglas. El juzgado rechazó el pedido y apercibió al prófugo para que cumpla con las reglas.

En febrero, la Fiscalía para casos de Lavado de Activos volvió a sustentar su pedido de variación a fin de que se le imponga prisión preventiva ante el juez Leodán Cristóbal Ayala.

La defensa legal de Muedas Santana, por su parte, sostuvo ante el juzgado que su patrocinado no cumplió con asistir a las citas del fiscal porque pesa en su contra un mandato de prisión preventiva por el caso “Los Dinámicos del Centro” y se vio obligado a “autoprotegerse y resguardar su libertad” puesto que consideraba “injusta” la decisión judicial. El mismo argumento usado por Cerrón Rojas.

“Alega que existe una imposibilidad material y jurídica para que su patrocinado cumpla con las reglas de conducta (como el control biométrico) debido a que sobre su patrocinado Francisco Muedas Santana pesa una orden de prisión preventiva vigente en otro proceso ordenado por el Séptimo Juzgado Nacional. Agrega, que su patrocinado se encuentra en la clandestinidad por la necesidad de autoprotección de su libertad frente a una medida de prisión vigente que considera injusta en el otro caso, lo cual impediría materialmente cumplir con las reglas de la medida.” Francisco Muedas y su defensa legal

“Alega que existe una imposibilidad material y jurídica para que su patrocinado cumpla con las reglas de conducta (como el control biométrico) debido a que sobre su patrocinado Francisco Muedas Santana pesa una orden de prisión preventiva vigente en otro proceso ordenado por el Séptimo Juzgado Nacional. Agrega, que su patrocinado se encuentra en la clandestinidad por la necesidad de autoprotección de su libertad frente a una medida de prisión vigente que considera injusta en el otro caso, lo cual impediría materialmente cumplir con las reglas de la medida.”

Francisco Muedas y su defensa legal

Sin embargo, al resolver el pedido, el magistrado señaló que el imputado había reincidido en el incumplimiento de las reglas de conducta que se le impusieron en el 2023 y del apercibimiento realizado en mayo del 2025.

Cristóbal Ayala, además, precisó que la decisión del procesado de permanecer en la clandestinidad, y poner como excusa su “autoprotección” contra la orden de prisión preventiva por el caso “Los Dinánicos del Centro” confirma su “rebeldía” frente al mandato de la justicia.

“No obstante, ello no lo libera ni exonera de cumplir con las reglas impuestas en el proceso, sino más bien, tal argumento de defensa solo revela que el imputado es rebelde y reacio a cumplir el mandato judicial cautelar en dos procesos, lo cual evidencia su grado de peligrosismo procesal.” Leodán Cristóbal Ayala, juez de investigación preparatoria

“No obstante, ello no lo libera ni exonera de cumplir con las reglas impuestas en el proceso, sino más bien, tal argumento de defensa solo revela que el imputado es rebelde y reacio a cumplir el mandato judicial cautelar en dos procesos, lo cual evidencia su grado de peligrosismo procesal.”

Leodán Cristóbal Ayala, juez de investigación preparatoria

Por ello, consideró que al cumplirse el peligro procesal, sumado a la confirmación de los graves elementos de convicción y otros, sustentaban la variación de la comparencia y ordenar 24 meses de prisión preventiva en contra de Muedas Santana.

A la actualidad, debido a su clandestinidad, el Ministerio del Interior lo incluyó en el Programa de Recompensas, ofreciendo S/ 50,000 por información sobre su paradero.


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