Con la Ley de Empleo Público, aprobada en marzo de 2023, rozando el final de la pasada legislatura, el entonces vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, pretendía reformar la Administración del Principado por el sitio más delicado, alterando el status de los funcionarios: puestos de trabajo y remuneraciones. La norma es muy ambiciosa y tiene en el punto de mira acabar con ‘el café para todos’.

Las críticas al intento de reforma constituyen un ejemplo del inmovilismo de la clase política asturiana: todos los días quejándose de los vicios de la Administración del Principado y cuando se quieren introducir medidas que dinamizan una estructura fosilizada se oponen.

Reformar la Administración autonómica asturiana es una decisión valiente, sin precedentes en otras comunidades autónomas. Merece la pena intentarlo, pero no de cualquier manera.

En 2009, hubo un precedente cuando se aprobó la carrera profesional. La reivindicaron los sanitarios, porque suponía una mejora salarial, y se extendió al resto de la Administración. Una medida improvisada, provocada por la presión sindical, tuvo un resultado muy desafortunado al convertirse en........

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