Aunque el Tribunal Constitucional opine distinto, nuestra Constitución impide que el Congreso cree o aumente gastos al Tesoro Público porque, en el manejo fiscal, el Parlamento no tiene nada que perder.
Si las cuentas se desordenan, será el Ejecutivo el que tendrá que hacer malabares con el presupuesto para financiar gastos y obras públicas. Y, si se percibe que el desbarajuste puede afectar la capacidad del país de cumplir con sus obligaciones y nos rebajan la nota soberana, será también el Gobierno el que tendrá que adaptarse a un escenario de mayores costos de financiamiento. Aislado de este proceso, el Congreso puede dedicarse tranquilamente a sus pasatiempos favoritos: meterle hachazos a la sostenibilidad fiscal,........