La rebaja de la calificación crediticia de Petro-Perú tres peldaños desde BB hasta B por Fitch Ratings esta semana demuestra que lo más peligroso que se puede hacer respecto a la petrolera estatal es no hacer nada.
Por supuesto que aprobar un paquete de rescate financiero de más de US$3.000 millones equivaldría a echarle gasolina y un fósforo prendido a ese dinero, pero la falta de un plan alternativo del Ejecutivo es inconcebible, pues alguien va a tener que pagar las deudas de Petro-Perú –que cuadruplican su patrimonio–: sea la petrolera luego de recuperarse o el Estado Peruano si no logra ponerse a flote. Cualquier otro escenario pondría en riesgo la relativamente buena reputación que aún mantiene el Perú en los mercados internacionales.
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