Salario mínimo: una decisión costosa disfrazada de justicia social |
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Por Simón R. Barth* - opinion@elcolombiano.com.co
En el cierre del año, cuando el país evalúa su rumbo económico, pocas decisiones generan tanto impacto —y tanta polémica— como el ajuste del salario mínimo. El pasado 29 de diciembre, el Gobierno Nacional decretó un incremento del 23,7%, fijando el salario mínimo legal mensual en $1.750.905, más auxilio de transporte. Se trata del aumento real más alto en décadas y, sin duda, de una medida con una fuerte carga política y social.
El objetivo es claro: mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, el problema no está en la intención, sino en los efectos colaterales que una decisión de esta magnitud genera en una economía con bajo crecimiento de la productividad, alta informalidad y fuertes rigideces estructurales.
Un aumento que desborda la realidad productiva
El incremento aprobado supera ampliamente la inflación de 2025, que cerró alrededor del 5,3%, y contrasta con una productividad laboral que, según el Banco de la República, crece apenas entre 0,5% y 1% anual. En términos económicos, esto significa que los salarios están creciendo muy por encima de la capacidad real de la economía para respaldarlos.
El resultado no es difícil de anticipar. Cuando el costo del trabajo aumenta más rápido que la productividad, las empresas —especialmente las pequeñas y medianas— enfrentan mayores presiones financieras. En un país donde más del 90% del tejido empresarial está compuesto por mipymes, el impacto no es marginal: se traduce en menos contratación, mayor informalidad o, en el peor de los casos, cierre de negocios.
Aunque el salario mínimo........