La devastadora denuncia que realizaron expertos independientes y relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la gravedad de la situación en Cuba el pasado 6 de agosto ha pasado desapercibida. Las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra la isla a lo largo de este año han sido calificadas como un intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción y han instado a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se desate una “Gaza silenciosa” en ese país, citando a cuatro miembros demócratas del Congreso luego de visitar Cuba.

Asimismo, han señalado que el sector energético, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando de manera simultánea, lo que afecta de forma desproporcionada a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos de la economía rural. Advirtieron que la alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política, pues las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana.

Con relación al patético informe que presentó el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, el 20 de julio, titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, que describe a la isla como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica, los expertos deploran que las autoridades estadounidenses carezcan de pruebas concretas para afirmar que Cuba apoya el terrorismo o actividades subversivas.

En dicho informe se acusa a La Habana de sostener una guerra de desgaste no convencional a través de la infiltración política, el ciberespionaje de alto nivel y el financiamiento encubierto a movimientos radicales de izquierda dentro de las fronteras de Estados Unidos. Antes, el pasado 29 de enero, un decreto de emergencia nacional enitido por el gobierno de Trump declaró a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior”, por lo que prohibió el suministro de petróleo a la isla bajo pena de imponer aranceles a quienes lo hicieran. Para el canciller cubano, Bruno Rodríguez, la “amenaza a la seguridad nacional” es un pretexto fabricado e infundado con el único propósito de justificar el severo bloqueo energético y el castigo colectivo a su población. Y así, construir un andamiaje legal ante la opinión pública para una eventual agresión militar.

El embargo económico instrumentado por Estados Unidos evoca la imagen del policía Derek Chauvin en Minneapolis, en 2020, presionando su rodilla sobre el cuello de George Floyd, mientras esposado y boca abajo le decía que no podía respirar hasta que dejó de hacerlo, dando lugar a grandes movilizaciones del movimiento Black Lives Matter. El gobierno estadounidense argumenta que la víctima, en este caso Cuba, “puede respirar” porque legalmente el bloqueo incluye excepciones humanitarias. Sin embargo, lo real es que el peso........

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