José Miguel Aldunate

¿Se acuerdan del escándalo por el caso de Ámbar Cornejo, la joven de 16 años asesinada por un hombre en libertad condicional? Hubo muchos anuncios de parlamentarios sobre modificar la legislación que había permitido tal aberración, pero, al final, no hubo diagnósticos sobre la figura de la libertad condicional, ni reformas legales, ni menos tribunales de ejecución de penas. Nada de nada. Sólo una acusación constitucional, fallida, contra la jueza Silvana Donoso, que concedió la cuestionada libertad condicional.

El problema sigue igual, sólo que, con la amenaza de destitución, nunca más los jueces se atrevieron a conceder libertades condicionales. Normal. Por eso las cárceles están cada vez más atestadas y los reos no tienen ningún incentivo a rehabilitarse. Vamos bien.

“Con la amenaza de destitución, nunca más los jueces se atrevieron a conceder libertades condicionales. Normal. Pero la culpa no es de los jueces, es del Congreso”.

La culpa no es de los jueces, es del Congreso, que rasga vestiduras, encuentra un culpable, lo ajusticia en la plaza pública y luego barre el asunto bajo la alfombra. ¿Hacerse cargo de las estructuras subyacentes de los problemas, como haría un buen legislador? No, ¿para qué?

Ahora, tras la filtración de mensajes de dos candidatos a ministros de la Corte Suprema haciendo lobby para conseguir su nominación en el tribunal supremo, un parlamentario propuso penalizar el lobby de los abogados en el Poder Judicial. Espero que esta no sea la tónica del debate, pero si llega a serlo, uno no puede menos que poner los ojos en blanco.

Porque los diagnósticos, las propuestas y los puntos álgidos de esta materia están desde hace años arriba de la mesa, para cualquiera que desee interesarse por ellos. Los dos procesos constitucionales pusieron un énfasis enorme en los nombramientos judiciales. E incluso antes del desastre de Rancagua —que, dejando a un lado la brujería, recordemos que también giró en torno al problema de los nombramientos del Poder Judicial—, el gobierno de Sebastián Piñera había convocado una mesa para discutir el asunto, que concluyó en una propuesta legislativa técnicamente seria e institucionalmente consensuada.

El problema, claro, es que ninguna propuesta no tiene defectos ni costos. En concreto, en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema hay que sopesar, de un lado, la trayectoria profesional, el mérito y las aptitudes técnicas y académicas de los candidatos y, del otro, su legitimidad democrática. Recordemos que, a diferencia de los demás tribunales de justicia, la Suprema es además un órgano político, cuyas decisiones tienen importantes efectos sistémicos. Es natural pensar, entonces, que si la Corte tiene estas características, en su integración deben participar los demás poderes del Estado.

Pero, ahí donde participan las demás autoridades políticas, habrá lobby. Es así. La tarea de los parlamentarios es sopesar los pros y los contras y tomar una decisión.

Entonces, si traigo a la memoria el caso de Ámbar Cornejo no es porque estén vinculado con el caso Hermosilla (no lo están), sino simplemente porque demuestra que las crisis y los escándalos políticos vinculados al Poder Judicial no garantizan, para nada, que la respuesta del sistema político esté a la altura. En los últimos años, lamentablemente, esa ha sido la experiencia.