Por: Jaime Alberto Arrubla Paucar

Se sorprendió al país cuando hace algún tiempo,  en una manifestación pública en Medellín  el Presidente de la República se hizo acompañar de un grupo de personas que se encontraban  detenidas en la cárcel de Itagüí; fueron sacados del penal, para que subieran a la tarima del Presidente; de allí el nombre del “tarimazó” que acuñaron los medios de comunicación y que ocasionó todo tipo de comentarios.

Por supuesto, que la situación causó protestas desde varios sectores políticos y sociales, por tratarse de sindicados pertenecientes a las bandas criminales de Antioquia y del Valle de Aburrá.  Sin embargo, el espectáculo de su ocasional libertad daba el claro mensaje en favor de la política de “paz total” y “paz urbana” que el actual gobierno ha querido adelantar desde su inicio.   Efectivamente, desde sus tiempos de campaña el actual Presidente anunció que la paz no se buscaría solamente con grupos alzados en armas con pretensiones políticas, sino con  cualquier tipo de delincuentes que quisiera  ingresar a su política.

El pasado martes,  la Fiscalía General de la Nación  oficializó  la suspensión de las órdenes de captura contra 23 de los principales jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá.  La medida  cobija a figuras clave de organizaciones como ‘La Oficina’, ‘La Terraza’ y bandas con fuerte presencia en el municipio de  Bello, sindicados  y condenados, por delitos comunes, incluyendo el homicidio.

La protesta contra la decisión de la Fiscalía no se hizo esperar.   Los mandatarios regionales de Antioquia y Medellín  cuestionaron  duramente la decisión de la Fiscalía y advirtieron sobre los riesgos  de otorgar este tipo de beneficios a cabecillas de bandas criminales que han actuado desde hace tiempo en la región con un amplio historial delictivo y dejando en su paso toda una estela de victimas.

Pero  además cuestionan la  medida solicitada por el gobierno  en el marco de la llamada “paz urbana”, por su oportunismo político, en  vísperas del debate electoral;  con este tipo de medidas se quiere incidir en  las elecciones, buscando el favor de los grupos criminales que presionan en los barrios  las barriadas en favor de la política gubernamental.

La búsqueda de la paz  es un propósito constitucional, el artículo 22 de la Carta fundamental  señala que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y en el artículo 95 recalca  sobre el deber de “propender al logro y mantenimiento de la paz”; pero de allí  a propiciar la impunidad, so pretexto de buscar la paz, hay un trecho abismal.

La leyes de orden público han establecido los mecanismos para llegar a las negociaciones de paz, incluyendo el levantamiento de las ordenes de captura y la designación de “gestores de paz” a fin de buscar la desmovilización y los avances de estos procesos,  todo dentro del marco de una negociación.   Pero  utilizar estos instrumentos fuera de reales procesos de paz, no deja de ser un abuso con protervas intenciones, que distan de los propósitos constitucionales.

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