La deuda que Colombia debe saldar |
Por: Felipe Rodríguez Espinel
Durante décadas hemos normalizado una injusticia silenciosa. Mientras la productividad del país crecía, mientras las empresas reportaban utilidades récord y mientras el costo de vida aumentaba sin pausa, el salario de millones de trabajadores se quedó rezagado. No es retórica: los números son contundentes. Entre 1996 y 2025, la brecha entre lo que produce un trabajador y lo que gana se amplió en 53,8%. Dicho de otra forma, el país se enriqueció mientras sus trabajadores se empobrecieron relativamente.
El decreto que estableció el salario mínimo en $1.750.905 para 2026 no es, como algunos lo pintan, un capricho populista. Es el primer intento serio de saldar una deuda histórica cuantificable. La metodología de la OIT aplicada en Colombia reveló que una familia promedio de tres personas necesita $1.746.882 mensuales para cubrir necesidades básicas. El salario anterior era de $1.423.500. Esa diferencia de $323.382 no es un invento ideológico, es la brecha entre sobrevivir y vivir con un mínimo de dignidad.
Quienes criticaban el aumento argumentan que destruirá empleos y disparará la inflación. Son preocupaciones legítimas, pero ignoran una realidad incómoda. El modelo de contención salarial que aplicamos durante treinta años ya fracasó. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del hemisferio, y el 55% de nuestra fuerza laboral permanece en la informalidad precisamente porque el sector formal ofrece condiciones insostenibles. Seguir aplicando aumentos del 5% o 6% anual equivale a administrar la pobreza, no a combatirla.
Cada punto porcentual que el salario real cayó durante la última década significó menos consumo, menos demanda interna y, paradójicamente, menos crecimiento económico. Un trabajador que apenas sobrevive no compra vivienda, no invierte en educación para sus hijos, no dinamiza la economía local. La contención salarial sostenida no protege el empleo, congela el desarrollo.
Este momento es único porque confluyen varios factores. La inflación se ha controlado relativamente (5,1% anual), lo que hace viable un ajuste real significativo sin generar una espiral inflacionaria automática. Además, existe por primera vez una cuantificación técnica rigurosa de la brecha, basada en datos del DANE y metodología internacional, no en estimaciones políticas. Si no cerramos esta brecha ahora, ¿cuándo lo haremos? ¿Esperaremos otros treinta años mientras la deuda se acumula?
Por supuesto que habrá costos de ajuste. Las empresas deberán adaptarse, especialmente las pequeñas y medianas. Por eso el Estado debe acompañar esta medida con apoyos fiscales focalizados, reducciones de cargas parafiscales y mejora en la productividad mediante capacitación. Pero esos costos no pueden ser excusa para perpetuar un sistema que condena a 2,4 millones de trabajadores formales y sus familias a la precariedad permanente.
Colombia enfrenta una decisión ética antes que económica. Podemos seguir priorizando estabilidad macroeconómica nominal a costa del empobrecimiento gradual de quienes sostienen la economía con su trabajo, o podemos reconocer que un salario vital no es un privilegio, es el piso mínimo de una sociedad que aspira a llamarse justa. La brecha existe, está cuantificada y es insostenible. Cerrarla no es populismo. Es justicia elemental.