Arroz: la hora de la verificación |
Hoy miércoles 18 de febrero de 2026, el Senado vuelve a mirar al arroz, pero con un giro que ya era urgente: no se trata de recitar la crisis como si fuera un libreto gastado, sino de comprobar, con rigor y con números, qué se cumplió, qué se quedó en promesa y qué falta para que los acuerdos aterricen en la finca y se reflejen en el bolsillo del productor. La sesión de la Comisión Accidental Arrocera, pensada como puente directo con las regiones y como mecanismo de seguimiento, llega con una tarea puntual: revisar el cumplimiento de lo pactado tras el paro y medir el efecto real de las medidas más recientes.
Conviene decirlo sin rodeos: esto no nació de una reunión de afán ni de una foto de agenda. Entre agosto y septiembre de 2025 se trabajó con una metodología concreta de cuatro mesas técnicas: diagnóstico; productores; industria y financiamiento; y Gobierno, para salir del “micrófono” y entrar en el terreno menos glamuroso pero más útil: la trazabilidad. De ese proceso salió un paquete de 17 compromisos verificables, con responsables y plazos. Ahí está la diferencia entre una conversación política y un plan que se deja auditar: lo primero suele evaporarse; lo segundo queda en actas, matrices y tareas que se pueden exigir, como quien cobra un pagaré.
Luego, en febrero de 2026, apareció una nueva etapa: la reunión con la Ministra de Agricultura y, sobre todo, dos resoluciones que el Gobierno presentó como “plan de choque” para la primera cosecha del año. La Resolución 000042 de 2026 puso el arroz paddy verde bajo libertad regulada, con precio base obligatorio y, la Resolución 000043 de 2026 creó un programa de apoyo directo para complementar el ingreso del productor ante la oscilación anormal de precios durante el primer semestre. Son medidas reales, están publicadas y, en el papel, funcionan como el núcleo del paquete de corto plazo.
Pero aquí viene la frase que a nadie le encanta escuchar, aunque sea la más sensata: la norma no arregla nada si no se cumple en el territorio. El seguimiento de la Comisión lo insinúa y el campo lo confirma: los problemas de fondo siguen vivos. Inventarios en niveles críticos, precios que no alcanzan para la rentabilidad, presión de importaciones y contrabando, y un mercado con asimetrías que estrangulan al productor como una soga silenciosa. El diagnóstico consolidado habla de inventarios cercanos a 1.207.456 toneladas (paddy seco), una reducción del área sembrada de -17,8% (comparando el segundo semestre de 2025 con 2024) y un precio promedio de mercado en enero de 2026 que no logra sostener el ingreso rural.
A esa radiografía se suma un asunto que se comenta en voz baja, pero define el partido: cómo se compra y cómo se paga. En la cadena se reporta concentración en la compra, figuras como la consignación, sin pago inmediato, plazos que se estiran y descuentos que, al final, rebajan el valor real recibido por el productor. Dicho sin tecnicismos: aunque exista “precio base”, si no hay reglas efectivas sobre compra, pesaje, pago oportuno y vigilancia seria, ese piso termina siendo de cartón, y el golpe vuelve a caer sobre el eslabón más frágil.
Por eso la sesión de hoy 18 de febrero no puede ser un rito protocolario ni una vitrina de declaraciones. Tiene que ser un control quirúrgico, casi como una auditoría en campo, con preguntas incómodas y respuestas con respaldo. La Comisión fue convocada, además, para verificar cinco puntos que no admiten evasivas: Si el precio base se está pagando o no, y en qué zonas se cumple (o se burla); Si el sistema de reporte está funcionando sin coartadas ni “caídas” selectivas; Cuántos productores han recibido apoyos, por cuántas toneladas y con qué giros, en tiempos verificables; Qué control real se está aplicando frente a importaciones y contrabando, más allá del comunicado y qué medidas garantizan compra y pago, no solo “compra de deuda” o promesas diferidas.
Esa lista no es retórica: es una lista de chequeo. Si no hay evidencia, no hay avance. De los 17 compromisos, apenas una parte aparece cumplida; el resto sigue pendiente, a medio camino, o con tiempos vencidos. El mensaje es claro, incluso si incomoda: hubo movimiento, pero la estructura no cambió.
En este nuevo ciclo, el senador Carlos Julio González Villa, como coordinador de la Comisión Accidental, ha puesto sobre la mesa lo esencial: diálogo sí, pero con metas verificables, porque el país no resiste otro capítulo de acuerdos que se anuncian y luego se diluyen. Esto no va de “ganar” un debate. Va de cuidar miles de familias, ordenar un mercado clave para la seguridad alimentaria y evitar que la incertidumbre se traduzca en más abandono del área sembrada y más tensión social en las regiones arroceras.
Desde el Huila, donde producir suele parecerse a remar contra corriente: costos altos, incertidumbre, y una institucionalidad que a veces llega tarde, la discusión deja una enseñanza aplicable a toda la agenda agropecuaria: cuando el Estado anuncia medidas, el examen no está en el anuncio, sino en la ejecución. La Comisión Accidental tiene una oportunidad valiosa: convertir el seguimiento en un tablero público, con reportes periódicos y un plan que no caduque al terminar el semestre, para que la solución no sea una vela que se apaga con el viento.
Si esta sesión logra imponer fechas, responsables, cifras, verificación, el país dará un paso hacia lo que más necesita en el campo: acuerdos que se cumplan, no acuerdos que se repitan. Un acuerdo para vivir mejor.