La suspensión del decreto de salario mínimo |
Por: Aníbal Charry González
Bajo la presión de 16 demandas de la oposición, el Consejo de Estado en una decisión sin antecedentes suspendió el decreto del Gobierno que fijó el salario mínimo, siendo su facultad concreta de decretarlo sino hay acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación, como ha ocurrido en gobiernos anteriores sin que se adoptara una medida de esta naturaleza, que generará obvias reacciones de la clase trabajadora que la tomarán como una represalia del establecimiento que se resiste a mejorar sus ingresos para tener mayor capacidad de compra, como se ha hecho en otros países de Latinoamérica con mayor salario mínimo -Costa Rica, Uruguay Chile y México- sin que se hubiesen adoptado esta clase de medidas; aparte de los aspectos técnicos que tuvo en cuenta para anticipar la nulidad del decreto, como se hizo para suspender, también sin antecedentes, el decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional.
Lo anterior comunica, además, frente al pueblo raso, así hubiese argumentos legales y constitucionales para decretar su nulidad, que existe una oposición reiterada a los actos de Gobierno que desborda estrictamente los parámetros técnicos que pudo tener el alto tribunal, que son difíciles de aceptar en una sociedad agobiada de gravísimos problemas de toda índole y víctima de una escalofriante desigualdad y concentración aberrante de la riqueza en muy pocas manos, caldo de cultivo para la proliferación del crimen y la violencia, y donde el salario mínimo alcanza para sobrevivir, y con un contingente de 20 millones de pobres, 7 en la miseria absoluta, sin que se hayan tomado medidas en anteriores gobiernos que permitan siquiera paliar, semejante panorama de desigualdad y explotación laboral.
Porque revisando los argumentos que contiene el auto que decretó la inédita suspensión, el Consejo de Estado acude exactamente a consideraciones de orden técnico y económico para solicitarle al Gobierno en una clara intrusión en las facultades del Ejecutivo, que expida en el término de 8 días un nuevo decreto, lo cual generará inexorablemente que tenga que disminuirse el porcentaje de incremento del salario mínimo, porque no puede entenderse de otra manera, sin tener en cuenta la reacción que inevitablemente vendrá de la clase trabajadora y el pueblo-pueblo en plena época electoral, al ver que al establecimiento no le interesa el mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, y donde la violencia y la corrupción son endemia por cuenta de una clase política corrupta y voraz que solo piensa en sus turbios intereses, que sí incrementa exorbitantemente los gastos de las campañas y consultas electorales de reposición de votos en más del 200% sin que nadie ejerza control contra estos desbordamientos, que ha convertido la actividad política en una mafia de enriquecimiento ilícito.