Reforma y jurisdicción agraria |
Aníbal Charry González
Ya es lugar común en este violento país de aberrante desigualdad social, afirmar que el hontanar de la violencia y la depredación ha sido la extrema concentración de la tierra y la propiedad rural en poquísimas manos, lo cual ha sido una constante histórica, como que según un estudio de la Silla Vacía: “La tierra en Colombia está concentrada en pocos propietarios, y esto es un problema estructural que viene desde la Colonia. Según Oxfam, el 1% de las fincas ocupa el 81% de las tierras agrícolas”. O sea, nuestro país es el de mayor concentración de la tenencia de la tierra en América Latina, lo que explica la atroz violencia que nos ha consumido, por cuenta de la derecha y el establecimiento voraz e inconsecuente que nos ha mal gobernado durante más de 200 años.
De ahí que es una prioridad en Colombia realizar una reforma agraria integral y habilitar una jurisdicción agraria con dientes que ponga fin por los cauces del derecho y en forma pronta y eficaz a esta desviación, si queremos tener paz y verdadero desarrollo algún día, y por eso el Gobierno del presidente Petro se empeñó en concretarlas tomando como referencia la reforma agraria de Corea del Sur para su industrialización y enriquecimiento, creando una jurisdicción agraria que solo podía ser adecuada por un gobierno progresista y consecuente que no habíamos tenido, pero a la cual hay que dotar de suficientes herramientas para hacerla realidad en medio de la permanente oposición de la derecha y el mismo Congreso a que se concrete por afectar sus insaciables intereses.
Es así como a instancias del director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, como excelente noticia, la Corte Constitucional ha proferido por unanimidad una sentencia hito que sienta las bases para una justicia especializada que aborde por fin y a fondo los conflictos por la tierra, y lo que es más importante, ordenando al Consejo Superior de la Judicatura a poner en marcha, a partir de 2027, la jurisdicción agraria, con o sin apoyo del Congreso para la creación e implementación progresiva de los juzgados y tribunales agrarios y rurales, haciendo además un llamado al Legislativo para que apruebe sin dilaciones la ley ordinaria que materialice la entrada en funcionamiento de la jurisdicción agraria, en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023. Fallo histórico que debe estar celebrando el candidato Iván Cepeda que es el único que habla de seguir impulsando una auténtica reforma agraria. Ojalá la derecha opositora, no vaya a calificar la sentencia como subversiva, lo mismo que a los magistrados de la Corte, e invasora de las funciones del contaminado y contumaz Legislativo.