La reciente muerte por eutanasia de Noelia Castillo, de apenas 25 años, ha generado una profunda conmoción social, estando presente en las oraciones de muchos de nosotros durante esta Semana Santa. Su solicitud fue aprobada bajo la premisa de un “sufrimiento crónico e imposibilitante”. Sin embargo, las circunstancias que rodeaban su dolor invitan a una mayor reflexión ya que pone en entredicho la supuesta naturaleza garantista de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).

Ya en su momento, la Sociedad Española de Psiquiatría advirtió que la libertad de decisión puede estar mediatizada por la patología, dificultando la evaluación de la capacidad, el sufrimiento intolerable y el pronóstico refractario en situaciones de depresión. Ante esto, cabe preguntarse: ¿Realmente necesita nuestra sociedad una ley que autorice la inyección letal para quienes atraviesan un sufrimiento moral? Es necesario considerar también la responsabilidad ética de los profesionales implicados. El Código Deontológico Médico, de obligado cumplimiento, es taxativo en su artículo 38.4: “el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente”. Su participación rompe el compromiso de la medicina con la vida. Obligar o permitir que la medicina asuma el homicidio daña irreversiblemente a la profesión y a la sociedad.

Un médico que provoca la muerte es tan contradictorio en su esencia como lo sería un bombero pirómano o un policía traficante. La muerte de Noelia no debe ser en vano. Debe servir para reflexionar sobre qué modelo de sociedad estamos construyendo, cómo acompañamos el sufrimiento moral y, sobre todo, qué papel queremos que sigan desempeñando nuestros médicos.

Pablo Monedero Rodríguez, médico jubilado

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