Tengo varios amigos y conocidos de la isla que están a punto de quedarse sin casa por la falta de viviendas en alquiler a precio asequible. Sus contratos van a expirar sin posibilidad de renovación porque les duplican el precio o porque sus caseros les han pedido que se marchen porque necesitan la vivienda para sí mismos o para sus hijos. Les ocurre lo mismo que a tantos cientos o miles de residentes y, de momento, lo poco que encuentran vacío, o cuesta un Potosí o no reúne las mínimas condiciones de salubridad. Todos ellos son ibicencos de nacimiento o llevan muchos años residiendo en la isla y ya se consideran locales de adopción.

Por otro lado, descubren que muchas de las casas que se han ido ocupando en los últimos años, a estos mismos precios astronómicos, han sido alquiladas por empresas turísticas para alojar a sus trabajadores de temporada, dispuestas a conservarlas todo el año si es necesario, aunque permanezcan seis meses vacías, y a poner sobre la mesa lo que el ibicenco medio no puede pagar. Se suman a las viviendas turistizadas y comercializadas a través del mercado negro y a los fondos de inversión y los extranjeros que adquieren propiedades inmobiliarias como si no hubiera un mañana, ya sean mansiones con vistas al mar o pisos viejos de barrios periféricos. En Ibiza, el derecho de la ciudadanía a una vivienda decente por un precio justo ha volado por los aires.

Como resultado, la demanda es cada vez más elevada y la oferta tiende a la inexistencia. A ello se suma la nulidad política respecto a esta cuestión, que plantea un puñado de soluciones del todo ineficaces, como la construcción de vivienda pública a largo plazo sin potencial para solucionar ni el 1% del problema. Somos capaces de limitar la entrada de vehículos, pero rehuímos topar los precios de los alquileres, promover nuevas leyes que regulen con eficacia la incorporación al mercado del alquiler de miles de viviendas vacías y combatir la acumulación de hogares en manos de los especuladores.

Ante esta problemática y, como ya se ha dicho, la ceguera política y su inutilidad temeraria para solucionarla –con independencia del color de los sucesivos gobernantes y su nivel administrativo–, tal vez sea hora de encontrar fórmulas para que los propios ibicencos, de manera particular, encontremos soluciones viables.

Sabemos, por las cifras que baraja el Instituto Nacional de Estadística (INE), que la mitad de las viviendas en las Pitiusas o están vacías o son segundas residencias. Solo en Ibiza se estima que hay 15.000 viviendas que permanecen cerradas todo el año, sin que sus propietarios les den uso. A ellas se van a sumando las residencias turísticas ilegales que acaban renunciando a dicha actividad por miedo a ser sancionadas. Como resultado, nos encontramos con un parque inmobiliario enorme pero completamente inútil, a pesar de la situación del mercado.

Si todas estas casas y pisos se incorporaran al alquiler, el problema quedaría solucionado. Incluso bastaría con movilizar un porcentaje de dos cifras (un 10% ya serían 1.500 casas). La raíz del dilema radica en la desconfianza de los propietarios hacia sus potenciales inquilinos. Un buen número de estas casas son fruto de inversiones o herencias y sus dueños no tienen una necesidad imperiosa de generar dinero con ellas. Muy al contrario, pesa más el miedo a que entre un desconocido que de pronto deje de pagar y se atrinchere o que no cuide la propiedad con la debida atención y respeto.

Dos de estos amigos que buscan vivienda son una pareja de la isla, que hasta ahora pagaba un precio razonable por su domicilio, pero que se ven en la necesidad de abandonarlo porque su propietario lo necesita para sí mismo. Son buena gente, con trabajos estables, que han cuidado la vivienda como si fuera suya y que nunca han tenido el menor contratiempo con su casero. Y son muchas las personas que pueden atestiguar que es así y aportar referencias sobre ellos. Muy probablemente, otro ibicenco propietario estaría contento de poder alquilar una casa que tiene vacía a un paisano, por un precio razonable que le permita cubrir gastos y obtener algún beneficio. Alguien de quien ya sepa, de antemano, que no le va a generar dificultades y que, al mismo tiempo, le permitirá sentirse parte de la solución a este grave problema social.

La clave, en consecuencia, radica en encontrar una manera fiable de poner en contacto a unos con otros. Aunque se me ocurren unas cuantas ideas, desconozco quién tiene que liderar, organizar y marcar las pautas de esta mediación. Tal vez incluso deban surgir nuevas organizaciones que hagan este trabajo de manera particular, de la misma forma que se ocupan de tantas otras necesidades sociales. Porque, sí hay algo que parece claro, es que del lado público no va a salir.

Suscríbete para seguir leyendo

© Diario de Ibiza