Reconozco que yo también fui uno de los inocentes que se creyó al Consell Insular cuando, a final de temporada, dijo que había acabado con la práctica totalidad de las viviendas turísticas ilegales que existen en la isla (unas 15.000 plazas). Para cualquier persona preocupada por los terribles desequilibrios que genera una industria turística a la que se ha dejado crecer sin freno ni cortapisa, llevándose por delante nuestra calidad de vida, tal manifestación constituyó una noticia extraordinariamente positiva, con dos consecuencias trascendentales: la reducción drástica de la presión turística y la potencial restitución de miles de pisos hurtados al mercado del alquiler residencial.

El presidente del Consell, Vicent Marí, incluso llegó a manifestar en el mes de septiembre que, gracias a su estrategia de presión y colaboración con plataformas como Airbnb, la oferta ilegal se había reducido en un 85% y que dicha política significaba un antes y un después. También se llegó a comentar que esta intervención había........

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