En Formentera parece que tienen las cosas bastante más claras que en Ibiza y, además, no se andan con medias tintas. El Consell Insular ha decidido sancionar con 150.000 euros a un bar restaurante situado en pleno Parque Natural de ses Salines porque en realidad ejercía como discoteca sin contar para ello con el preceptivo título habilitante. Tras una inspección realizada el pasado agosto, el establecimiento incluso fue cerrado unos días hasta que los propietarios subsanaron diversas deficiencias que se habían detectado en el local.

Los inspectores denunciaron que en dicho restaurante se bailaba, se reproducía música mediante medios mecánicos o electrónicos, había presencia de djs, los niveles de decibelios superaban los máximos permitidos, se retiraban mesas y sillas para dejar zonas diáfanas y hasta se cobraba entrada a los asistentes. ¿Todo esto le suena de algo al lector ibicenco?

La empresa puso en marcha su arsenal jurídico para intentar amedrentar al Consell de Formentera, que no cedió, al tiempo que los técnicos insulares sostenían que la licencia de bar restaurante no ampara la realización de tal actividad de discoteca. Resulta reconfortante ver cómo en Formentera llaman a las cosas por su nombre y no sucumben a las pretensiones de los propietarios de estos establecimientos, que en distintos municipios de Ibiza llevan décadas haciendo lo que les da la real gana. En la pitiusa mayor el fenómeno nació en es Jondal, donde un chiringuito comenzó a hacer fiestas hace ya muchos años sin que nadie se lo impidiera, y siguió en Platja d’en Bossa, cuando, en 2011, la terraza de la piscina de un hotel se convirtió en discoteca de la noche a la mañana y sin tener licencia de actividad para ello.

Aquel acontecimiento resultó abracadabrante y generó incredulidad entre muchos ibicencos. Que un establecimiento hotelero de playa se promocionara públicamente y por todo lo alto, hasta en Fitur, como sala de fiestas al aire libre, con miles de personas a diario pagando entrada, constituía una auténtica anomalía y un ejemplo de descaro asombroso. Sobre todo después de que, a finales del siglo pasado, las discotecas de la isla hubiesen sido obligadas a aislarse acústicamente, teniendo que cubrir sus estructuras con carísimos proyectos arquitectónicos, que provocaron, por ejemplo, el cierre de la empresa Ku y que otras también afrontaran graves dificultades.

Aun así, el Ayuntamiento de Sant Josep, entonces en manos socialistas, amenazó con actuar y precintar los equipos de sonido del establecimiento, pero finalmente no hizo nada. El local mantuvo la programación de sus fiestas con djs toda la temporada y después, en 2012, el Govern balear aprobó una Ley Turística que autoriza la realización de actividades complementarias en los restaurantes y los hoteles. Desde entonces, este modelo de negocio que en Formentera no se permite se ha expandido por toda la costa ibicenca y ya son docenas los establecimientos que, con mayor o menor descaro, actúan como discotecas al aire libre pese a que abrieron y se tramitaron como hoteles y restaurantes. En tales establecimientos, el negocio de dar de comer es absolutamente secundario, pero sirve de coartada para actuar de forma completamente distinta al título que figura en la licencia de actividad, amparándose en el citado concepto de complementariedad de la norma turística balear, que más que ley que ordena y organiza ha ejercido de coladero.

Al leer sobre la forma de actuar del Consell Insular de Formentera con respecto a este local ahora sancionado y compararlo con lo que han hecho impunemente tantos otros establecimientos ibicencos repartidos por las playas y más allá –también los hay en entornos urbanos rodeados de vecinos que están hartos de denunciar la situación y hasta en un hotel rural en pleno suelo rústico–, a uno no le queda más remedio que preguntarse cómo es posible que las administraciones reaccionen de una forma tan distinta ante los mismos hechos.

Quien tiene la obligación de regular estas actividades complementarias es el Consell Insular de Ibiza, que hasta la fecha, catorce años después de la aprobación de la Ley Turística Balear, sigue sin haber establecido unas mínimas pautas de orden. Y a continuación los ayuntamientos, que pueden actuar frente a los abusos, tal y como ocurrió, por ejemplo, en Palma con el caso Saratoga, donde también se ha impedido que este tipo de actividades sin licencia se lleven a cabo y la Justicia ha amparado la actuación municipal.

Después de tantos años viendo cómo el abuso se cronifica en la costa ibicenca, el ejemplo de Formentera reconforta y además demuestra que lo que ocurre en Ibiza no solo es fruto de una ley turística que sirve de cajón de sastre, sino también de la falta de interés de las administraciones locales cuando irrumpió el fenómeno y a lo largo de todos estos años en que se ha seguido expandiendo.

Suscríbete para seguir leyendo

© Diario de Ibiza