Muchas veces pienso que, a estas alturas, ya lo he visto todo en Ibiza. Pero de repente, conozco una nueva historia que me impacta. Siempre hay margen para un nuevo despropósito inmobiliario.

Esta semana publicábamos la historia de Eugenia. Una joven que pagaba 1.200 euros por su piso. Su casero decidió que ahora debía pagar 2.800. Así, sin anestesia. Como quien ajusta una tarifa cualquiera. El resultado es el de siempre: maletas hechas y billete de salida. Otra trabajadora que se va.

La temporada asoma y, con ella, el ya habitual festival de precios desorbitados. Habitaciones dobles por 1.400 euros, ofertas que duran exactamente 42 días (ni uno más, ni uno menos) por 1.650, pisos donde no puedes recibir visitas, anuncios que seleccionan inquilinos por género como si estuviéramos en otro siglo. Todo ello envuelto en una normalidad inquietante, casi burocrática. Como si pedir todo eso fuera tan razonable como incluir wifi o una televisión de 50 pulgadas.

Un vistazo a los anuncios que circulan por redes y grupos privados confirma lo que muchos ya sabemos: el problema es sistémico. Y lo más perverso es que ya ni siquiera se disfraza. Se alquilan habitaciones a precio de hotel boutique sin el más mínimo rubor. Se imponen condiciones que rozan lo ilegal con total impunidad. Y, mientras tanto, la rueda sigue girando.

El caso de Eugenia es uno más. Cada año personas con empleo, con vida aquí, que simplemente no pueden competir en esta subasta permanente en la que se ha convertido el acceso a la vivienda.

Y aún hay quien se pregunta por qué falta personal en plena temporada turística.

La situación no va a mejorar sola. Sin límites claros, sin control efectivo, sin voluntad política real, el mensaje es cristalino: todo vale. Incluso expulsar a quienes hacen posible que Ibiza funcione.

Luego, cuando no quede nadie para sostener la isla más allá del escaparate, quizás nos sorprenda. O quizás no. Porque, a estas alturas, lo verdaderamente sorprendente es lo poco que nos escandaliza el tema.

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