Hoy toca hablar de un tema muy triste: el aumento de las agresiones al personal de la Sanidad Pública de Balears, violencia que se extiende a otros ámbitos, como el educativo.

Según datos oficiales, el año pasado se produjeron en las islas 1.428 agresiones a enfermeras, auxiliares sanitarios, médicos y personal administrativo. La mayoría de estos ataques fueron verbales, aunque hubo decenas de agresiones físicas.

Esta enfermedad social también se da en la Sanidad privada, aunque no se habla tanto de ella.

Los atacantes son hombres y mujeres casi por igual. Muchos son pacientes, pero otros son acompañantes, que deberían tener más templanza.

Centros de salud, hospitales y salas de urgencias son lugares a donde acudimos por un supuesto médico, leve, grave, gravísimo, rutinario o intrascendente. El sistema tiene unos protocolos de respuesta, unas pautadas vías de acceso y, sobre todo, una capacidad limitada de actuación. La estructura está saturada por el aumento de la población, la obsolescencia e insuficiencia de algunas instalaciones, los vaivenes presupuestarios y las penosas condiciones laborales, especialmente las de los médicos. Los cuellos de botella se producen en determinadas épocas, por distintos factores: epidemias, alergias, atención a turistas… Y por el colapso de algunas especialidades: listas de espera infinitas, operaciones postergadas «sine die»…

Al ciudadano de a pie solo le quedan tres salidas: resignarse y armarse de paciencia; pasarse a la privada (si tiene dinero); e intentar sortear los bloqueos acudiendo a atención al paciente, algo muy evanescente.

Pero hay otras personas que reaccionan con violencia, a veces extrema. Chillando, insultando, amenazando, golpeando o rompiendo cosas suponen que van a ser atendidos antes, o que sus deseos, muchas veces imposibles, se van a cumplir. Algunos atacantes sufren problemas mentales y/o adicciones, pero otros son individuos intrínsecamente violentos, carentes de toda educación. Y egoístas.

Sus víctimas preferidas son mujeres, enfermeras, auxiliares, doctoras o administrativas que tratan a diario de hacer bien su trabajo en un entorno complicado, desbordado y estresante. Agredirlas denota cobardía y machismo.

Frente a estas amenazas los que nos cuidan están muy indefensos. Se les aconsejan medidas de autoprotección: no perder la calma ante los alterados, hablarles en un tono suave, retirar objetos susceptibles de convertirse en armas, situarse cerca de la vía de escape, avisar a compañeros…

Es poca cosa ante un episodio de ira descontrolada que, como un volcán, puede estallar de manera imprevista.

Hay también alarmas, vigilantes de seguridad y, en algunos puntos de España, policías camuflados que acuden en previsión de incidentes.

Muchos salvajes son reincidentes, lo que demuestra que ni los tribunales ni las denuncias son eficaces. El Código Penal califica estos hechos en la sanidad pública como atentados a la autoridad, un tipo más duro que las simples lesiones y los insultos.

Es muy útil denunciar, pero luego los trámites son farragosos y las esperas para los señalamientos de juicios son eternas. Las víctimas padecen, además de los daños físicos, secuelas mentales de ansiedad, pánicos, fobias y hasta depresiones.

La violencia se revela así inútil, lesiva y corrosiva para el sistema, algo en lo que nunca piensan los que la practican.

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