Un hombre que tenía una orden de alejamiento de su expareja intentó asesinarla el pasado domingo de una brutal paliza en la vivienda de ella en Sant Antoni. Podemos deducir que había antecedentes graves de agresiones y un serio peligro de que él volviera a atacarla, pues solo en ese caso se impone al maltratador que lleve una pulsera que emite un aviso a la Policía o la Guardia Civil si se acerca más de lo permitido a la víctima. Hay muy pocos maltratadores obligados a llevar ese dispositivo, previsto para proteger a las mujeres que corren un riesgo extremo. Este caso estaba por tanto en el sistema Viogén, que reúne toda la información de distintos servicios y administraciones sobre víctimas y agresores para agilizar las actuaciones y las medidas de protección. Está claro que el sistema ha fallado clamorosamente: no ha sido capaz de proteger a esta mujer del maltratador reincidente que ha intentado matarla.

Mientras la mujer, de 31 años, se debate entre la vida y la muerte, es urgente y necesario revisar qué ha fallado: hay que exigir responsabilidades. Hay muchas preguntas que se deben contestar:

¿Cómo es posible que la orden de alejamiento fuera de unos ridículos cien metros?

¿Por qué no funcionó la pulsera? Fuentes judiciales han confirmado lo que ya denunció la familia de la víctima: que el dispositivo no funcionó, tal y como consta en el informe de los guardias civiles que acudieron a la vivienda por la llamada de la hermana. El Ministerio de Igualdad sostiene que sí «funcionó correctamente». Es evidente que no. Las explicaciones de Igualdad no son nada convincentes, sobre todo después de conocer el dato del informe de la Guardia Civil.

¿Este maltratador reincidente y peligroso tenía un régimen de visitas a los dos hijos pequeños? Que un maltratador con orden de alejamiento de su expareja, y pulsera para controlar que no se la salte, pueda tener contacto con sus hijos es una auténtica temeridad que ningún juez debería permitir, pues se les pone en un grave peligro. Los hijos son víctimas de la violencia que sus padres ejercen contra sus madres. Ningún maltratador con orden de alejamiento debería poder ver a sus hijos, pero lamentablemente lo habitual es lo contrario.

Conviene recordar que el sistema son personas, que toman decisiones que tienen consecuencias. Evitar que más mujeres que deberían estar protegidas acaben en la UCI o muertas es un objetivo en el que no se puede errar. Y para ello, se deben detectar los fallos humanos, de recursos y protocolos para que no se repitan. Y que los agresores no puedan mantener su cerco de terror sobre sus víctimas.

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