La Ley de Presupuestos es, sin duda, una de la más relevantes de las que aprueba cada año el Parlamento. Refleja las prioridades del Gobierno, tanto respecto al volumen y la orientación del gasto público como con relación a cómo se reparten en la sociedad los esfuerzos fiscales para financiarlo. Y la que acaba de presentar el Ejecutivo canario copia las políticas fiscales de Ayuso favorecedoras de los que más tienen; agravando la desigual situación de Canarias, una de las comunidades con salarios y rentas más bajas, con mayor pobreza y exclusión social. Además, desprotege al sector público, no contribuye a la cohesión social ni aporta nada para diversificar la economía ni para reorientar el modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad.
En primer lugar, me detendré en la estructura de los ingresos previstos en los Presupuestos, factor muy vinculado con la política fiscal del Ejecutivo. Siempre he defendido que esta debe sustentarse en los principios de suficiencia -financiar adecuadamente los servicios públicos y las demás competencias de la Comunidad canaria-, generalidad -que todas las personas contribuyan al erario y se persiga a quien no lo haga- y progresividad -que se tribute en función de la capacidad económica de los contribuyentes. Por eso, engañan a la ciudadanía quienes prometen menos impuestos y mejores servicios públicos. Además, es bueno saber que la presión fiscal (sumando tributos y cotizaciones sociales) en Canarias (26% de su PIB) es la más baja del Estado (38,6%) y, por supuesto, de toda la Eurozona (42%).
Irresponsable
CC y PP llegaron al Gobierno canario con la promesa de bajar el IGIC del 7% al 5%, algo que nos pareció irresponsable por el daño que podía suponer a las arcas públicas. Fueron tan ‘coherentes’ que ya en 2024 se produjeron ligeros incrementos en algunos tipos del IGIC. Ocurre también en el caso del de combustibles, donde mantienen la eliminación de la bonificación del 99,9% que el Gobierno de Progreso había aprobado para 20.000 autónomos y pymes del transporte profesional y 5.000 del sector agropecuario, importantes para el sector y para contener la inflación. Supone unos 18 millones de euros. Y lo rematan con la introducción del céntimo forestal (que........